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Economía

Abogan por devolver condiciones necesarias para emprender a través de nueva constitución

La alta inflación, el sobreendeudamiento, las tasas de interés elevadas y la caída en las ventas, producto del freno a la economía, continúan impactando a las pymes del país.


 Por Jorge Guzmán B.

pm 5 2309
Desde la Asech dijeron que las pymes permiten a la sociedad progresar socialmente, considerando que generan el 63 por ciento de empleo a nivel nacional, al ser un motor económico.

Luego que se rechazara la propuesta de nueva Constitución en el Plebiscito de Salida, asociaciones de conglomerados que abogan por los problemas y necesidades de los emprendedores chilenos manifestaron sus preocupaciones, con respecto a lo que un eventual nuevo texto traería en materia relacionada al emprendimiento. Por esta razón, indicaron que quieren ser parte del nuevo proceso, impulsando la presencia de leyes que protejan el emprendimiento en el territorio nacional.

Es así que gremios representantes de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas, se reunieron con los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, con el fin de abordar lo que será el nuevo proceso constitucional, luego del triunfo de la opción Rechazo al texto redactado por la Convención Constitucional.

Tras la cita, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, manifestó la disposición del gremio a aportar en este proceso con el conocimiento que tiene el mundo emprendedor y el de las pymes. “Queremos ser protagonistas en este nuevo proceso constituyente para que Chile logre un nuevo pacto social”, dijo Rivas.

GARANTÍAS PARA EMPRENDER

El representante del gremio de emprendedores agregó que “hoy Chile tiene grandes desafíos, y uno de los centrales es reconsiderar los acuerdos, la evidencia y también nuestra historia- con sus aciertos, errores y aprendizajes-, como fundamento para una nueva Constitución que interprete y concite el apoyo de la gran mayoría del país”.

Además del máximo dirigente de la Asech, en la reunión estuvieron presentes Gianina Figueroa, de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Unapyme); Pilar Villacura, de la Asociación Nacional de Empresas de Eventos y Turismo de Negocios (Aneet); y Verónica Contreras, de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme).

Rivas aseguró que para la Asech es fundamental que la nueva Carta Magna garantice el libre emprendimiento, sin introducir distorsiones indebidas y/o competencia desleal por parte del Estado.

El presidente de la asociación nacional de emprendedores fue enfático en decir que “la evidencia demuestra que la forma más  efectiva de producir más y mejores oportunidades de progreso para las personas y enfrentar las carencias sociales es estableciendo las condiciones para que Chile vuelva a crecer y que los emprendedores y las MiPymes, generadoras del 63% del empleo del país, sean otra vez un motor de desarrollo social y económico”.

Marcos Rivas explicó que “para los emprendedores y las MiPymes es fundamental contar con las condiciones mínimas de paz social, seguridad y certidumbre para desarrollar su actividad, que ya viene golpeada”. Lo anterior sucede debido a “la alta inflación, el sobreendeudamiento, las elevadas tasas de interés y la caída en las ventas producto del frenazo económico”, precisó.

AUMENTAR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

El representante de los emprendedores chilenos a nivel nacional llamó, considerando las condiciones del mercado descritas por el gremio, a las autoridades y al gobierno a escuchar con mayor atención los planteamientos del sector, muchos de los cuáles tienen sentido de urgencia. “De lo contrario la situación se hará insostenible para miles de familias chilenas que dependen de sus pequeños negocios y que están ahogadas en deudas”, advirtió Marcos Rivas.

El dirigente gremial tocó, entre los temas más urgentes, las deudas con Tesorería, municipios e instituciones de leyes sociales; acelerar la presentación de las modificaciones de la Ley de pago a 30 días e insolvencia y reemprendimiento; y la creación de incentivos para que los emprendedores puedan acceder a una mayor participación en las licitaciones del sector público.


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