Empresas de la provincia están obligadas a generar 213 puestos para discapacitados

Desde el próximo 1 de abril entrará en vigencia la ley de inclusión laboral, proyecto que busca potenciar el desarrollo de todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad.

Por ello, aquellas empresas o instituciones que tengan más de 100 trabajadores, tendrán que reservar al menos el 1 por ciento de sus puestos de trabajo a personas que se encuentren en esta situación.

Esta normativa, se impulsa bajo la Ley 21.015 que busca fomentar el desarrollo y el número de oportunidades que actualmente existe a nivel provincial y nacional. Factor de mucha importancia para promover los derechos fundamentales que existen en la sociedad actual y responden al sistema de protección social impulsado por el actual gobierno de turno.

La iniciativa fue promovida por el Ministerio de Desarrollo social junto con el Ministerio del Trabajo y Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), quienes trabajaron en una indicación sustitutiva sobre la base de once mociones parlamentarias para la Ley de Inclusión Laboral, con el objeto de asegurar la efectiva igualdad de oportunidades y plena introducción de las personas en situación de incapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado, a través de una reserva legal de empleo.

Frente a esta nueva regulación la directora regional suplente de Senadis Biobío, Andrea Lozano, explicó que la trascendencia de esta ley, va dirigida tanto para los privados como para el sector público.

“La Ley 21.015 es un hito muy relevante en la promoción de los derechos de estas personas, considerando que en la Región del Biobío el 22,4% de la población pertenece a este grupo. En el caso del sector público, la ley establece una exigencia aún mayor, ya que además de fijar una reserva legal de empleo del 1% para personas con discapacidad, quienes debe dar cumplimiento al derecho de selección preferente, ya que debe existir igualdad de mérito entre los postulantes”, comentó la representante de esta cartera regional.

UNA AVANCE PARA UN IMPORTANTE GRUPO A NIVEL PROVINCIAL Y REGIONAL

Esta nueva normativa podrá abordar materias hacia una importante demanda tanto a nivel provincial como nacional y logrará eliminar la discriminación salarial que existe respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad mental.

Por ello que dentro de la provincia tendrán que generarse, esta considerable cifra (213), que corresponde intrínsecamente al número de empresas que actualmente cuenta con más de cien trabajadores. Ellos serán los encargados de entregar esta iniciativa laboral desde la fecha señalada anteriormente.

Estas organizaciones actualmente responden a los rubros de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, en tanto también el llamado se extiende al rubro de pesca, manufactura, construcción y comercio, entre otras más.

Cabe señalar que los índices regionales apuntan a que entre Ñuble y Biobío, existen alrededor de 1.016 empresas del área productiva, mientras que en la provincia de Concepción existen 529, donde la fuerza productiva de la construcción es el primero de la lista, seguido por las actividades inmobiliarias y el comercio. En tanto que en Ñuble y Arauco, son 229 y 45 respectivamente, donde los campos laborales, se repiten a los de agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

Para ejemplificar el impacto que tendrá esta ley en el mercado laboral, cabe mencionar que a nivel nacional, en el sector privado hay más de 7.600 empresas que cumplen con el requisito de tener 100 o más colaboradores, por lo que se podrían habilitar más de 25 mil cupos de trabajo. En el caso del sector público, hay 158 instituciones (sin contemplar municipalidades y personal administrativo de Fuerzas Armadas), que deberían habilitar alrededor de dos mil 500 cupos.

Hecho que llega a suprimir directamente la discriminación salarial que existía respecto de los trabajadores con discapacidad mental derogando el artículo 16 de la Ley 18.600, que establecía una remuneración inferior al sueldo mínimo.

UN FACTOR QUE NECESITA EXTENDERSE AÚN MÁS

Al respecto sobre esta nueva puesta en marcha, Sandra Valderrama, coordinadora de la red provincial de discapacidad, explicó a La Tribuna que si bien este es un punto favorable y avance social para todos los ámbitos de la vida diaria por la conciencia colectiva que llega a generar esta normativa, el número de puestos presentados, no logra suplir la actual necesidad de personas en esta situación, que hoy requieren ejercer alguna actividad.

“Si bien este proyecto es positivo en el ámbito social y de conciencia para la comunidad en general, actualmente dentro de la provincia son muchas más las personas que requieren ejercer un oficio o profesión. Esto se debe a que no existe un catastro oficial de las personas con imposibilidad dentro de la provincia. Hoy sabemos que sólo un 50% de las personas con algún tipo de inhabilidad, tienen actualmente su credencial”, explicó la dirigente.

Al respecto de este tema, este hecho se debe a que la distribución de la provincia- donde muchas personas se encuentran alejas- no permite generar un catastro real de los individuos que existen aquí. 

Respecto de la fiscalización para cerciorarse del cumplimiento de la ley, en el sector público la tarea va a radicar a cargo de la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), mientras que en el sector privado estarán a cargo la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos.