Más de 315 millones de pesos se le adeuda a ex empleados de Casa García

En el peor de los mundos se encuentran los ex trabajadores de Casa García que funcionó por más de 80 años en pleno centro de la ciudad de Los Ángeles, luego que hace un par de meses la tienda solicitara la liquidación (quiebra) voluntaria debido a deudas por más de 5 mil 300 millones de pesos.

Es que de los ahora ex empleados, algunos de los cuales le dedicaron más de cuatro décadas de esfuerzo y trabajo a la empresa, están en la más completa indefensión y a la espera de desenmarañar la compleja madeja judicial para recibir el pago de los dineros que se le adeudan.

Sin embargo, cuando en abril la pandemia del coronavirus empezó a expandirse por el país y se hizo obligatorio el cierre de tiendas y locales comerciales para contener la enfermedad, los colaboradores no se hicieron mayor problema en acogerse a la suspensión del vínculo laboral y percibir lo correspondiente al seguro de cesantía. Tampoco tuvieron dificultades en aceptar una rebaja de sus sueldos, apelando también al mismo concepto.

De acuerdo al abogado Cristopher Maureira, que representa a 42 de los 45 ex empleados de Casa García, los trabajadores tenían la certeza que retomarían sus labores cuando pasaran los meses más críticos de la emergencia sanitaria. De hecho, el 1 de octubre deberían haber retornado a sus empleos.

Sin embargo, la expectativa de volver a sus puestos de trabajo se enfrentó a una noticia impensada: en la segunda semana se septiembre fueron informados que Casa García había solicitado la quiebra voluntaria. También supieron que la empresa no les pagó lo correspondiente al seguro de cesantía mientras estuvieron con la suspensión del contrato.

En consecuencia, cuando llegaron el 1 de octubre a sus labores, verbalmente les avisaron que eso no ocurriría y que no podrían acceder al beneficio de dicho seguro para enfrentar los meses que se avecinan.

El abogado Maureira explicó que esa situación, además de causar una profunda desazón en los ex empleados, fue lo que motivó que decidieran llevar a cabo distintas acciones legales para hacer efectivos los dineros que se les adeudan por sueldos, pago de indemnizaciones por años de servicio, entre otros.

El profesional participó en la junta de acreedores realizada la semana pasada, instancia en que la liquidadora Bernardita Lavín informó sobre las deudas reconocidas hasta la fecha (créditos, pagarés, facturas, remuneraciones, entre otros) y reportó las gestiones hechas en este tiempo.

De acuerdo al abogado, de momento se han acreditado deudas por más de 2 mil millones (menos de un 40% de lo informado por la empresa al tribunal). De este total, unos 315 millones de pesos (un 15%) corresponden a lo que se les debe a los ex empleados. El monto sería mayor pero se usó la base de cálculo de cuando en abril aceptaron bajarse los sueldos, precisó.

DEMANDA LABORAL

El abogado especialista adelantó que una parte fundamental de los reclamos de los ex colaboradores de Casa García es la demanda presentada en el Juzgado Laboral de Los Ángeles por concepto de unidad de empresas, subterfugio, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales. En términos simples, la acción judicial busca demostrar que si bien los trabajadores estaban contratados con una empresa, cumplían funciones para otras cinco que están relacionadas a la misma tienda.

Es que la sociedad Abad, García y Pons SpA - con la cual existe el vínculo contractual - no tiene patrimonio para responder con las acreencias de los trabajadores. Sin embargo, si el tribunal establece que se trata de una misma empresa con varias sociedades, las demás sociedades son solidarias y responsables con sus compromisos pendientes.

Casa García, en la práctica, es un conglomerado de empresas. Los empleados no trabajaban para una sola empresa sino que para varias a la vez del mismo conglomerado, sentenció el profesional.

La audiencia preparatoria para resolver esta demanda laboral se programó para el 29 de diciembre, ocasión en la que se fijará la audiencia para juicio de acuerdo al calendario que pueda disponer la autoridad.

Al margen de esa acción, el abogado Maureira aseguró que tiene considerada una batería de acciones judiciales en los ámbitos penal, laboral y civil con el fin de lograr que la empresa se haga cargo de los dineros que se les adeuda a sus propios colaboradores.