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Se trata de Laja, Quilaco, Santa Bárbara y Tucapel, cuyos instrumentos presentan distintos niveles de avance según los antecedentes analizados por la entidad, en un escenario donde estos planes buscan fortalecer la prevención y preparación de las ciudades ante las amenazas a las que se encuentran expuestas.
El análisis surgió con el objetivo de conocer el grado de implementación de estos instrumentos en el país, considerando la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad y las diferentes vulnerabilidades existentes en el territorio.
Sobre este trabajo, Diario La Tribuna conversó con Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades.
Según detalló el entrevistado, la Ley 21.364, promulgada en 2021, estableció la elaboración de planes de reducción del riesgo de desastres en distintos niveles territoriales. A escala comunal, estos documentos permiten establecer lineamientos de trabajo considerando las características particulares de cada localidad.
El director ejecutivo precisó que la existencia de trabajo previo no significa necesariamente que una municipalidad ya disponga formalmente del instrumento, puesto que antes de llegar al decreto alcaldicio deben completarse diferentes etapas técnicas y administrativas.
La revisión realizada por la entidad permitió advertir diferencias entre las cuatro comunas de la provincia que todavía no han completado el procedimiento. En dos de ellas, los antecedentes recopilados muestran que existe una evaluación favorable de Senapred y que restan trámites posteriores.
Una situación distinta fue planteada respecto de Laja. Durante la entrevista, Andrade la incluyó entre las comunas cuyo instrumento no fue recomendado técnicamente, por lo que permanece entre los territorios de la provincia que todavía no disponen de un PCRRD formalizado.
Respecto de Tucapel, los antecedentes consultados por Corporación Ciudades daban cuenta de un menor grado de desarrollo del procedimiento al momento de efectuarse el análisis, aunque el municipio informó en mayo que trabaja en la elaboración del PCRRD desde febrero para presentarlo a Senapred.
El representante de la entidad advirtió que las dificultades para completar estos instrumentos no deben atribuirse exclusivamente a las administraciones locales, ya que existen diferencias en las capacidades disponibles para desarrollar este tipo de planificación.
El experto recordó que Senapred ha entregado durante los últimos años financiamiento y apoyo técnico a los municipios para avanzar en la elaboración de estos instrumentos, esfuerzo que, según indicó, ha permitido que más administraciones locales progresen en sus respectivos procesos.
Más allá del procedimiento administrativo requerido para su aprobación, el director ejecutivo explicó que la utilidad de los PCRRD se relaciona con disponer anticipadamente de antecedentes que permitan conocer las condiciones particulares de cada territorio. Para graficarlo, recurrió a una comparación con el funcionamiento de una vivienda frente a una situación que requiera asistencia.
El profesional sostuvo que disponer previamente de esta información puede incidir en las decisiones adoptadas frente a un evento adverso y en las acciones desplegadas posteriormente por las instituciones correspondientes.
Andrade agregó que estos documentos deben renovarse cada cuatro años y que se espera que sus contenidos puedan actualizarse cada dos, debido a que las condiciones existentes en cada territorio pueden modificarse con el paso del tiempo.
A nivel regional, el análisis de Corporación Ciudades establece que 25 de las 33 comunas del Biobío cuentan con un PCRRD formalizado, mientras ocho todavía no disponen del instrumento aprobado mediante decreto alcaldicio.
Además de las cuatro comunas de la provincia de Biobío mencionadas anteriormente, Coronel, Lota, Lebu y Contulmo completan el grupo de ocho de la región que se encuentran en esta condición.
El escenario se extiende al resto del país. Según el estudio, 218 comunas, equivalentes al 63%, poseen un PCRRD con decreto alcaldicio, mientras 127, correspondientes al 37%, todavía no cuentan con el instrumento formalizado.
Entre estas últimas existen diferentes etapas de avance. De acuerdo con Corporación Ciudades, 76 tienen planes sin revisión, 30 poseen documentos nuevos que todavía no han sido recomendados técnicamente, 14 mantienen planes nuevos en revisión y siete cuentan con recomendación técnica y permanecen en proceso de formalización.
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