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Un 32,5% de la población rural dispersa del Biobío permanece sin acceso a sistemas colectivos de agua potable, mientras solo 28 de los 193 servicios sanitarios rurales (14,5%) cuentan con alcantarillado, lo que evidencia las principales brechas del sector pese a la inversión récord.
Con 80.601 viviendas rurales en la región, y 90.000 estimadas para 2025 a partir del Censo 2024, la Dirección de Obras Públicas ha clasificado a la población según agrupamiento territorial.
El 55% de las viviendas rurales corresponde a agrupamiento concentrado, donde la cobertura de agua potable es casi del 100%. En este segmento, la demanda se centra en la ampliación y mejoramiento de sistemas existentes.
Un 13% de las viviendas se ubica en agrupamiento semiconcentrado, donde la cobertura actual es del 52%. Este segmento constituye el foco principal para la construcción de nuevos sistemas, ya que presenta densidad suficiente para hacer viable la infraestructura colectiva.
El 32% restante corresponde a agrupamiento disperso, donde las soluciones colectivas como los servicios sanitarios rurales no son técnicamente viables. En estas zonas se requieren otras estrategias como la regulación territorial y soluciones individuales.
Actualmente, el 52,3% de la población rural de la región tiene acceso a algún tipo de sistema de agua colectiva. A esta cifra se suma un 15,2% adicional de población que será cubierta con los proyectos que ya están en ejecución, diseño o prefactibilidad. Esto significa que el 32,5% restante corresponde a población dispersa que depende de otras soluciones como abastecimiento individual, aljibes o camiones aljibe.
De los 193 sistemas bajo tuición MOP, solo 28 cuentan con alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. La dirigenta detalla las complejidades: "No todas las casas pueden tener alcantarillado. Algunas están en zonas bajas y si se instala una cámara, se inundarían. Mi planta tiene 20 años y el operador solo recibió dos capacitaciones cuando se la entregaron".
La falta de capacitación agrava el problema. "Todo lo demás lo ha aprendido en el camino", lamenta Espinoza, a pesar de destacar los recientes esfuerzos de la DOH para entregar capacitaciones específicas para operadores de plantas sanitarias desde 2024.
Los dirigentes coinciden sobre problemas transversales que amenazan la sostenibilidad. La regularización de derechos de agua emerge como barrera crítica.
Los costos operativos representan otra carga insostenible. "El horario punta nos puede costar casi dos millones mensuales. Tuvimos que comprar un generador a petróleo para evitar usar la red en ese horario", relata la dirigenta del APR Río Claro.
Ante estas brechas, los dirigentes tomaron iniciativas. En Yumbel se creó la primera Unión Comunal de Comités de APR de la región, segunda a nivel nacional. "Gritamos más fuerte para que se muestre que el agua es muy importante, porque sin apoyo comunal, muchos dirigentes quieren dejar todo botado", relata Santiago Campos, fundador, consejero del Consejo Consultivo Regional de SSR y presidente del APR de Tomeco.
La atomización del sistema constituye otro desafío estructural de gran magnitud. De los 193 servicios sanitarios rurales que existen en la región, 132 corresponden a sistemas menores con menos de 300 arranques o conexiones domiciliarias. Esta fragmentación genera ineficiencias tanto operativas como administrativas que dificultan la sostenibilidad a largo plazo.
La estrategia gubernamental apunta a unificar estos sistemas pequeños para crear entidades más grandes y sostenibles. Ya existen proyectos en fase de diseño para comunas como Los Ángeles, Santa Bárbara, Cabrero y Yumbel que buscan consolidar múltiples sistemas menores en operaciones más eficientes.
Santiago Campos añade una dimensión adicional del problema: la desconexión con las autoridades municipales. "El tema del agua potable no es una prioridad para muchos municipios y es visto como un 'cacho'", denuncia el dirigente.
"Es un trabajo 24/7. A veces me llaman a la una de la mañana porque se reventó una cañería, y hay que salir a solucionarlo, muchas veces de forma artesanal", relata Campos sobre la realidad del trabajo no remunerado.
Los desafíos incluyen además la participación en instancias de gestión local como la Mesa de Recursos Hídricos (MERH) y el fortalecimiento de asesorías técnicas con mayor frecuencia de visitas.
A pesar de los avances significativos con inversión récord y nuevo marco legal, los dirigentes reconocen que las brechas acumuladas durante décadas requieren estrategias de largo plazo más allá de un período gubernamental.
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