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Las obras del proyecto de mejoramiento térmico para 51 familias de los comités Flores I y II están paralizadas desde febrero.
El plan, enmarcado en el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), contemplaba aislación completa, recambio de puertas y sustitución de techumbres, pero los recortes presupuestarios obligaron a las familias a elegir entre subsidios parciales o perder el beneficio completamente.
Su historia no es la única: en la misma manzana hay adultos mayores que duermen con baldes al lado de la cama y otros que llevan años con puertas y ventanas con filtraciones.
Algunos fallecieron esperando que su casa fuera reparada. Con ellos, sus familias perdieron el subsidio, dado que se trataba de proyectos no heredables.
El proyecto original contemplaba la remodelación de la vivienda completa: aislación en muros y techos, recambio de puertas aislantes, sustitución de pizarreños por zinc y extractores para el baño y la cocina. El objetivo era cerrar térmicamente las casas y contribuir a su eficiencia energética, junto con la salud de sus ocupantes.
Sin embargo, debido al paso del tiempo, el alza de materiales y el significativo recorte del financiamiento comprometido, el presupuesto quedó desactualizado. La solución de las autoridades fue simple, pero dura: recortar las obras.
Los proyectos fueron presentados en septiembre de 2024 para Flores I y en octubre del mismo año para Flores II. Sin embargo, fueron entregados a las familias en diciembre, en el caso de Flores I, y en marzo de este año, para Flores II. Para ese entonces, los presupuestos ya habían sido recortados. Los vecinos denuncian que no se les permitió revisar en detalle las intervenciones presupuestadas.
"Llegaban y te decían 'firme en aprobación o deberá renunciar al proyecto’. Nosotros no somos ni ingenieros ni constructores", agregan.
Diario La Tribuna se puso en contacto con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), entidad que administra el subsidio, para conocer los detalles oficiales del proyecto.
Gabriel Medina, jefe del departamento provincial del Serviu Biobío, indicó que son 46 las familias que actualmente están comprometidas dentro del subsidio, considerando a ambos comités. Sin embargo, precisó que los comités suman en total 51 familias, por lo que hay cinco casos en entredicho, sin registros formales dentro del proyecto.
Durante estos seis años, dos empresas han estado a cargo del proyecto. La primera fue la Constructora Arabar, que entre 2021 y 2022 presentó dos planes de manejo de asbesto —material altamente tóxico presente en los techos y estructuras de varias viviendas— pero ambos fueron rechazados por las autoridades.
Pese a ello, la empresa igualmente realizó los trabajos en terreno, mientras los residentes permanecían en sus domicilios. Ello, aseguran, los expuso a posibles riesgos para su salud.
La segunda empresa, Pocetti SPA, enfrentó la misma situación: dos planes de manejo y dos rechazos por parte de la Seremi de Salud, por lo que posee plazo hasta julio para presentar una tercera estrategia.
Uno de los errores más insólitos fue que Pocetti presentó su primer plan con la Junta de Vecinos equivocada: en vez de Flores I, lo ingresaron a nombre de Villa Las Quintas, ubicada en el otro extremo de la ciudad. Para los vecinos, esto no es un error menor, sino una de las tantas muestras de la negligencia con la que se ha tratado el proyecto desde sus inicios.
Según relataron las voceras del comité, la documentación para la postulación fue entregada en 2020 a la EGIS municipal. Sin embargo, tras años de demoras en la tramitación, recién en diciembre de 2024 una de las vecinas fue notificada de que había quedado fuera del proyecto por no tener acreditada la posesión efectiva de su vivienda. Debido a la demora, en ese momento ya no contaba con plazo para apelar.
Los intentos por buscar ayuda institucional han sido infructuosos. Reuniones con la EGIS, el municipio y el Serviu han terminado en promesas o excusas. Incluso un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que revisó el proyecto, omitió los cuatro años previos de paralización, por lo que comenzó su fiscalización desde que Pocetti tomó la dirección del proyecto.
"Claro, para ellos todo está en regla, porque miran desde donde se retomó el proyecto, no desde el inicio", señalan.
Desde febrero de este año, las obras están detenidas. Quedaron detalles sin resolver: puertas que no encajan, pisos disparejos y extractores de aire que quedaron sin instalar. En total, solo tres casas están terminadas, porque sus casos particulares no incluían el recambio de las techumbres.
En algunos casos, durante los días de lluvia, los adultos mayores deben pasar la noche junto a las estufas, sin dormir, porque deben levantarse a vaciar los baldes que colocan bajo las numerosas goteras que caen desde el techo.
"Es mejor pasar de largo que estar levantándose a cada rato a vaciar los baldes o encontrarse con la casa inundada a la mañana siguiente", relata Poblete.
Un detalle no menor —y que agrava aún más la situación— es que las viviendas no pueden ser reparadas ni intervenidas por los propios vecinos, ya que cualquier modificación implica perder el subsidio y, con ello, el apoyo estatal comprometido.
Según la carta Gantt entregada por la EGIS, los proyectos debían estar listos en diciembre para Flores I y marzo para Flores II. Sin embargo, aún no hay movimientos de obras. Entre los principales motivos destacan los planes de acción rechazados por falta de documentación, la ausencia de certificaciones sobre procesos de trabajo seguro, la inexistencia de una zona de descontaminación para los trabajadores, la carencia de capacitaciones para el manejo de asbesto y la falta de elementos de protección personal, entre otras más de 70 observaciones detalladas en un informe técnico.
En conversación con el personal de la Seremi de Salud se confirmó a Diario La Tribuna que si bien anteriormente se había presentado un plan de acción para reactivar las obras, este fue rechazado. Actualmente, existe un nuevo plan en evaluación, pero aún no hay una resolución definitiva que permita retomar los trabajos.
Cabe destacar que dicho plan se ha rechazado en cuatro ocasiones durante todo lo que ha durado este proyecto, desde sus inicios en 2020.
Como ente fiscalizador de las obras, Diario La Tribuna se comunicó con la EGIS y directamente con la administración municipal para solicitar actualizaciones sobre el proyecto y conocer en qué etapa administrativa se encuentra. Sin embargo, tras una semana de espera y hasta el cierre de esta edición, no hubo pronunciamientos al respecto.
El comité ha iniciado gestiones con el municipio para evaluar si mediante otros fondos es posible apoyar a las familias que quedaron sin recambio de termopaneles y de las medidas de aislación para sus puertas.
Asimismo, con la ayuda de la concejala Oriana Offermann, los habitantes han podido exponer el tema en el Concejo Municipal, con el objetivo de generar reuniones y buscar una salida concreta. La idea es ofrecer apoyo al PDA y permitir que decenas de familias logren un ahorro significativo en gastos de salud y calefacción.
El comité representa la voz de más de una decena de adultos mayores que, cada vez que llueve, deben enfrentar condiciones paupérrimas. Exigen una vejez digna y poder disfrutar del beneficio que el Estado les otorgó en 2020 y que hasta la fecha deberán seguir esperando.
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