Jorge Contreras Blümel: "Falta mucho para articular la política pública en seguridad ciudadana"

Su origen angelino, profundos lazos familiares y el deseo de aportar al debate público y la búsqueda de soluciones en torno a la seguridad ciudadana a nivel local, son los factores que conectan a Jorge Contreras Blümel -coronel de Ejército (r), docente universitario y especialista en políticas públicas- con la provincia de Biobío.

Desde su rol como docente en este ámbito y consultor de empresas y servicios públicos, es una voz autorizada para analizar el complejo escenario que se observa a la hora de hacer frente a los fenómenos delictivos más preocupantes, como el narcotráfico y crimen organizado, especialmente a raíz de la insuficiente coordinación entre los distintas estamentos involucrados en el combate de estos flagelos.

-¿Cómo evalúa la situación actual del diseño y aplicación de las políticas públicas vinculadas a la seguridad ciudadana en el país?

-Lo que se observa en la política pública es que enfrentamos una situación de importante descoordinación y falta de articulación. Hoy existe una serie de normas que regulan lo que debe hacer cada autoridad, institución y estamento dentro del país. Sin embargo, faltan muchos ingredientes para articular de buena manera la política pública en seguridad ciudadana, concepto que entendemos como un estado de normalidad, de tranquilidad y paz que permite a los ciudadanos realizar su vida normal, que las industrias puedan desarrollar sus procesos productivos y que toda la gente haga en tranquilidad lo que espera hacer en su día a día.

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-¿Cómo se expresa esa desarticulación en concreto?

-La política pública se compone de diferentes normativas, que señalan qué es lo que debe hacer cada institución, pero no existe una articulación entre todos esos estamentos. Por lo tanto, tenemos un Estado, un gobierno central con un Ministerio del Interior con sus subsecretarías que empuja muchos programas, pero algunas de ellas llegan solo hasta una capa y luego se desarticulan. En regiones, tenemos un delegado presidencial de carácter regional y otros provinciales, que también cumplen una función establecida por ley, pero que tienen muy pocos recursos para poder influir realmente en lo que ocurre en cada zona. Paralelamente, la legislación establece el rol clave de los consejos comunales de seguridad pública, donde los alcaldes deben convocar a delegados, Carabineros, PDI, Fiscalía, otras instituciones ligadas a las emergencias comunales y los programas sociales.

-¿Cómo se da, en la práctica y según lo que usted ha observado, el funcionamiento de los consejos comunales de seguridad?

-Estas instancias debe ser lideradas por los alcaldes, mientras que los delegados presidenciales son invitados a participar. En algunos consejos comunales se levantan muy buenas iniciativas, pues se llegan a acuerdos a los que se hace después seguimiento. Pero también he participado de algunos consejos comunales donde el alcalde no es el actor principal, a veces incluso no participa y entonces la agenda queda incompleta, inconclusa, no se avanza.

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-¿Y cuál es el rol de los gobernadores regionales en este escenario?

-Aunque durante las campañas los candidatos a gobernadores regionales prometen mucho en términos de seguridad, lo cierto es que tienen atribuciones legales acotadas respecto de esta materia. Esto sería distinto si se hubiera cumplido la promesa de que, una vez creada la figura del gobernador regional, y luego de un proceso de transición de cuatro años con delegados presidenciales, esa figura se eliminaría. Sin embargo, por ahora, los delegados presidenciales se van a mantener y nuevamente vamos a tener a los gobernadores regionales tratando de influir de la manera que pueden.

-¿Y cómo pueden influir?

-Los gobiernos regionales cuentan con muchos recursos económicos para traspasar a través de programas a los que pueden postular municipalidades, organizaciones sociales o fundaciones. Por ejemplo, hay gobiernos regionales que compran material, equipamiento e incluso con fondos regionales se han construido cuarteles policiales. Todo lo anterior configura un problema de desarticulación, donde todos quieren coordinar de manera diferente y donde los actores operativos -las policías, que enfrentan directamente el delito- tienen un montón de demandas que provienen de distintas instancias y se preguntan a qué dar prioridad. A ello se suma que tanto Carabineros como la PDI tienen su propia estructura centralizada, a través de prefecturas y jefaturas zonales, que también definen sus propias prioridades y metas.

-¿Cómo puede impactar en este diagnóstico la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, con el cual se aspira precisamente a alinear a las distintas instituciones del Estado en torno a una Estrategia de Seguridad?

-Vamos a tener que observar cómo se implementa el nuevo Ministerio, especialmente en regiones, sobre todo con la articulación que deberá desarrollar el nuevo seremi del área con los delegados presidenciales y gobernadores regionales. Esta nueva cartera es fruto de una legislación esperada por muchos años, con el fin de contar con un ministerio dedicado exclusivamente a la seguridad, pero tenemos que ver sobre todo cómo se van a incorporar especialistas en el tema y se levantará una mirada más especializada, estratégica, con análisis territoriales profundos y evidencias que permitan consolidar toda la información que hoy pudiera estar, pero está desorganizada.

Trayectoria

Jorge Andrés Contreras Blümel es coronel de Ejército (r), titulado de Estado Mayor, con más de 20 años de experiencia en el servicio público y en consultoría privada, magíster en Planificación y Gestión Estratégica, magíster en Ciencias de la Educación y Diplomado en Relaciones Internacionales en FLACSO, Argentina.

En el ámbito académico es director del Programa Leadership and Managment de la UNAB y docente de programas de Seguridad Ciudadana y Territorio de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Desde este lunes 27 de enero se incorporará como columnista estable de Diario La Tribuna, para analizar temáticas vinculadas a la seguridad pública y ciudadana.