Fundación Huella Local: "Como sociedad civil, también podemos promover mayores estándares de transparencia"

El escándalo por las transferencias directas desde la Seremi de Vivienda a la fundación Democracia Viva para los campamentos en la Región de Antofagasta, ha tendido un manto de dudas sobre estas organizaciones, en particular, cuando reciben financiamiento público.

Las vinculaciones políticas de los integrantes de Democracia Viva con las autoridades encargadas de entregar esos recursos dieron pie a cuestionamientos sobre la asignación, uso y tareas que cumplen dichas entidades, no solo para lo sucedido en el norte sino que a lo largo del país.

Al respecto, el director para la Zona Sur de la Fundación Huella Local, Boris Muñoz Alcatruz, en conversación con radio San Cristóbal, apuntó a ser proactivo en la promoción de mayores estándares de transparencia en el uso de los recursos.

La organización recibió fondos del Gobierno Regional del Biobío para entregar soluciones de agua potable rural para aproximadamente 2 mil 500 familias en la provincia de Biobío.

-¿Qué opinión le merece todo esto que ha sucedido con esta fundación que ha salpicado a todas las demás?

- Las personas que creemos en el rol del Estado, la sociedad civil y las alianzas público-privadas, no podemos sino condenar estos actos de corrupción y esperamos que se investiguen con la mayor rigurosidad ética y legal posible. Lamentablemente, cuando se generaliza en la opinión pública que estos son actuación similares de todas las organizaciones vinculadas al Estado, puede resultar en impunidad al no castigar drásticamente a quienes sí cometen delitos. Las transferencias de recursos sí están sujetas a control y registros contables. La corrupción es un delito y debe ser perseguida, pero no debemos desprestigiar a todas las instituciones que han colaborado con el Estado, incluyendo organizaciones importantes para nuestro país como la Teletón, los Cuerpos de Bomberos, Un Techo para Chile, Coaniquem, solo por nombrar algunas, las cuales se ven afectadas por este escándalo de corrupción.

- ¿Qué debiera hacerse para, en definitiva, asegurar mayor transparencia y que siga existiendo esta relación entre la sociedad civil organizada en fundaciones, ONGs y los organismos públicos?

- Como Fundación Huella Local, estamos promoviendo al menos 10 medidas legislativas y reglamentarias para fortalecer la participación de la sociedad civil. Una de ellas es restablecer el requisito de experiencia de al menos cinco años para las organizaciones que reciben transferencias de altos montos. También proponemos establecer una prohibición absoluta de transferencia a organizaciones con directivos de partidos políticos en instituciones con fines sociales. Reconocemos la importancia de los partidos políticos, pero el financiamiento debe separarse entre obras sociales y políticas. Además podríamos avanzar hacia mediante declaraciones voluntarias de intereses o patrimonio o mayor control de otros organismos del Estado en la ejecución de estos programas.

- Muchas veces el Estado, por toda su maraña burocrática, no puede actuar de manera pronta frente a distintas situaciones, en cambio, a través de las fundaciones, se puede actuar de manera mucho más rápida, atendiendo situaciones urgentes.

-Primero, es importante precisar que las transferencias que recibimos como fundaciones no están relacionadas con el proceso de compras públicas o Mercado Público. En lugar de participar en licitaciones, presentamos programas y proyectos donde nos invita el Estado a través de las diversas glosas presupuestaria que lo permiten. Estos planes son evaluados y controlados por funcionarios de los servicios para garantizar su necesidad, coherencia, indicadores, verificadores y la adecuada asignación de recursos.

Es cierto que el Estado a menudo enfrenta trabas burocráticas para desarrollar políticas públicas. Nuestra labor consiste en ser eficientes y eficaces para encontrar soluciones a problemas públicos, pero eso no implica saltarse procesos legales y administrativos al momento de postularlos o ejecutarlos. Aunque la ejecución de los proyectos puede ser más rápida, estos requieren cumplir con los trámites de control, como la toma de razón de la Contraloría, controles internos de los servicios y la rendición técnica, financiera y administrativa de cada actividad y cada peso planteado en la propuesta. En ningún caso se evade la legalidad o el control en estas transferencias y si así se hace, se deben hacer cumplir boletas de garantía o perseguir incluso penalmente a los responsables.

- Creo que debe ser la gran moraleja de toda esta situación actual, es que como sea se deben mejorar los mecanismos para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

- Los delitos como sobornos, tráfico de influencias o la corrupción se debe castigar drásticamente, tanto así que nosotros estamos solicitando aún más control, porque lo que no puede suceder es que quedemos atrapados en una discusión cuya suma sea cero, donde digamos que el Estado tiene que ser más pequeño y además las organizaciones de la sociedad civil, que por años han colaborado con la ejecución de políticas públicas, tampoco puedan ejecutar estos programas financiados por el Estado. Muchos actores sociales y políticos promueven fortalecer la sociedad civil pero podemos estar amarrando las manos a todas las organizaciones por algunos que han incumplido las normas.

- Es el caso de la fundación Huella Local que están trabajando en un tema del agua potable rural, que si el Gobierno Regional lo hiciera por su cuenta, se demoraría una barbaridad, tendría que contratar a más gente y no pueden porque hay restricciones.

- Gracias al apoyo del Gobierno Regional y en conjunto con los municipios de la provincia de Biobío, estamos trabajando en soluciones de agua potable rural para aproximadamente 2 mil 500 familias en la provincia de Biobío, muchas de las cuales hoy se abastecen de agua en camiones aljibes. Esperamos seguir colaborando en la ejecución de políticas públicas por lo que nos preocupa la afectación que esto pueda tener.

Por otro lado, también queremos invitar a las organizaciones de la sociedad civil a tomar medidas proactivas en transparencia. Nosotros por muchos años hemos obtenido la certificación FECU Social, que implica una revisión voluntaria de nuestras finanzas para garantizar la transparencia. También hemos estado implementando un modelo de prevención del delito y cumplimiento desde mayo, antes de este escándalo. Creemos que el uso responsable de los recursos públicos debe ser parte del enfoque de cada organización, no solo esperar que el legislador dicte normas y sanciones. Como sociedad civil, también podemos promover mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas de forma proactiva.