Demanda de viviendas sociales podría superar el millón 300 mil en Chile el año 2030

En Chile hay más de 640 mil familias que no tienen acceso a una vivienda adecuada, cifra que se traduce en más de dos millones de personas -aproximadamente el 10% de la población del país- que hoy viven allegados, hacinados, en viviendas irrecuperables, en campamentos o en situación de calle. Pero esta demanda podría crecer aún más, según un estudio de Déficit Cero, que estimó que la demanda por viviendas sociales de aquí a 2030 podría llegar a 1.326.919.

Para llegar a esta estimación, primero se tomó en cuenta la demanda habitacional que existía el 2017 y el número de hogares que pagan un arriendo por sobre el 30% de sus ingresos de acuerdo a CASEN 2017  -CASEN 2020 se hizo durante la pandemia y no contenía todas las preguntas sobre vivienda- Identificamos que actualmente más de 400 mil familias estarían en una situación de u2018fragilidad habitacionalu2019, esto quiere decir, que son familias que están arrendando, pero cuyos arriendos superan el 30% de sus ingresos, y se encuentran en riesgo de caer en situación de déficit habitacional, explicó Sebastián Bowen, Director Ejecutivo de Déficit Cero.

Y si bien estas 400 mil familias son núcleos que hoy tienen acceso a una vivienda en arriendo, viven en riesgo permanente de perderla: Cualquier motivo externo que afecte los ingresos del hogar, como una enfermedad, crisis económica o una emergencia, podría llevarlos a vivir allegados, hacinados o irse a un campamento, es decir, caer en déficit habitacional, agregó Bowen.

De acuerdo a CASEN 2017, en el primer decil (el de más bajos recursos) un 11% de las familias arrendaba un hogar y, de éstas, el 87% pagaba un arriendo sobre el 30% de sus ingresos. Por otra parte, en el último decil (el de mayores recursos), el 34,5% arrendaba un hogar y de ellos, apenas el 8% usaba más del 30% de sus ingresos para pagar una vivienda.

Para efectos del estudio, también se analizó la oferta habitacional entre 2017 y 2021, que entre esos años estuvo entre las 50 y 70 mil soluciones anuales. A esto, se sumó la demanda que se generará hasta el 2030 considerando todos los hogares nuevos que no podrán comprar una vivienda, o que pagarán un arriendo que supera el 30% de sus ingresos, o que están en déficit habitacional. Esto se estimó a partir de la proyección de población y composición de los hogares del INE, pero se excluyó al 20% más rico de la población y a quienes tienen un arriendo que pueden pagar sin problemas señaló Bowen, quien explicó que, si se analiza por quintil, el aumento de familias que pagan arriendos por sobre el 30% de sus ingresos (frágiles habitacionalmente) podría aumentar de forma explosiva si no se aplican soluciones

habitacionales alcanzables para las familias: El 2017 de las casi cinco millones de familias que componían los primero cuatro quintiles, más de 944 mil familias arrendaban un hogar y de ellas un 50% pagaba un arriendo por más del 30% de sus ingresos y se espera que esto llegue a un 64% al 2030.

Proyección de la demanda habitacional

De acuerdo a los datos que maneja Déficit Cero, el número de familias que demandan una nueva vivienda superó el número de soluciones habitacionales entregadas por el gobierno entre 2017 y 2021, sobre todo entre 2018 y 2020, donde 1.021.407 familias -3.078.424 de personas- requerían una vivienda.

Así, si se toman las proyecciones del INE sobre nuevas familias hasta el 2030, el Estado tendrá el desafío de generar 1.326.919 soluciones habitacionales entre el 2022 y el 2030. Pero esta demanda podría crecer aún más a raíz de otros eventos, como el desgaste natural de viviendas sociales construidas hace años, que por diversas razones son o serán irrecuperables con el paso de los años. Un ejemplo de esto son las villas o blocks, que de acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo son 356 mil departamentos. En su gran mayoría, estas viviendas tienen un estándar muy distante a lo que entendemos como una vivienda adecuada hoy en día y es de esperar que las familias que ahí residen formen parte de la demanda habitacional en los próximos años. indicó Bowen.

Con todo, el desafío que tendrán los gobiernos de aquí al 2030 es grande. En esa línea, será crucial que exista un trabajo en conjunto entre las instituciones públicas y privadas, además de la sociedad civil y las mismas familias que, muchas veces a través de comités, esperan una vivienda social, para evitar que la demanda por una de estas viviendas siga creciendo de forma explosiva.

Para Isidora Lazcano, directora social de TECHO-CHILE sostuvo que la expresión más dura de esta crisis habitacional que estamos viviendo como país y que hoy se vuelve a poner en la palestra son las familias más vulnerables, que viven en campamentos, en situación de calle. Son ellos quienes sobreviven en una constante emergencia. Desde TECHO trabajamos día a día con cientos de estas comunidades y conocemos muy de cerca la realidad que viven, expuestas a riesgos de manera constante. Recientemente publicamos un informe que demostró que un 88% de los campamentos de la zona centro-norte -es decir cerca de 60 mil familias- se encuentran expuestas a amenazas de distinto tipo. Estas cifras son otro recordatorio de que hay miles de familias que no tienen un lugar digno y seguro donde vivir y que ante esta emergencia tenemos que buscar soluciones inmediatas aplicables en la transitoriedad puesto que las soluciones definitivas no aparecerán de la noche a la mañana y miles de familias no pueden seguir esperando.

Hoy, el Plan de Emergencia (PEH) del Minvu propone diversificar soluciones para llegar más rápido a las miles de familias que viven en déficit habitacional; las necesidades de gestión de suelo, priorización presupuestaria y diseño urbanístico requerirían la acción coordinada de distintos ministerios junto a Gobernadores, comités de vivienda, mundo privado y sociedad civil. En esa línea, Bowen señaló que relevamos la urgencia de esta crisis, pero también vemos una oportunidad. Chile necesita un propósito común y la vivienda puede serlo, por eso hacemos un llamado a que se haga un trabajo en conjunto entre ministerios, la sociedad civil y todos aquellos actores que están involucrados.