miércoles 20 de noviembre, 2019

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Crónica

Familia pehuenche se resiste a abandonar tierras, pese a fallo que ordena su desalojo

Miembros de la comunidad aseguran que han vivido toda una vida en el lugar y que poseen derechos sobre el mismo gracias a títulos de merced otorgados por el Estado en 1900.


 Por JUAN PABLO VERGARA

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Sólo la falta de contingente por parte de Carabineros de Santa Bárbara ha frenado, por ahora, la ejecución de un dictamen del Juzgado de Letras y Garantía de esa misma comuna, el cual ordena el desalojo de una familia pehuenche que se resiste a abandonar el lugar donde aseguran haber vivido toda una vida. El predio en cuestión se denomina El Infiernillo y está ubicado en el fundo Curamallín de Alto Biobío.

De la razón por la cual no se ha cumplido con esta resolución da cuenta copia de un documento facilitada por integrantes del mismo clan familiar, que se acercaron a Diario La Tribuna para expresar su malestar y denunciar que, mediante mecanismos espurios, privados han buscado arrebatarles sus tierras.

Los hechos se remontan al 2006 cuando un antiguo dueño del predio reclamado, Raúl Pérez Serani, inició un juicio de precario en contra de los hermanos Jaime Mariluan Huenteman y Atilio Pereira Huenteman, para expulsarlos del lugar, que finalizó el 2007 con una orden de desalojo en contra los demandados.

Ese mismo año, Pérez Serani vendió la propiedad a Inversiones Tama S.A, empresa que a su vez el 2011 comenzó otra causa de precario contra los comuneros ya citados, la que concluyó con el mismo resultado y cuyo fallo es el que hoy permanece pendiente.

Ante esta situación es que dos nietos de los hermanos pehuenches individualizados en estas causas judiciales como los ocupantes ilegales del predio “El Infiernillo”, se acercaron al Diario para reclamar por la situación a la que se ven enfrentados como familia.

Uno de ellos, Gabriel Huenteman, comentó que “una de nuestras preocupaciones es el desalojo, porque dentro de nuestras familias hay niños, hay recién nacidos, hay adultos mayores, hay personas en situación de discapacidad, por lo tanto, entendemos que es la fuerza pública el mecanismo que utilizó Inversiones Tama para que puedan proceder con el desalojo. O sea, al menos en esta instancia, no van a actuar en son de paz, ellos van a ejercer su función de expulsarnos”.

El descendiente de la familia agregó que “como familias mapuches que estamos en el territorio, estamos convencidos que este territorio es nuestro. Este territorio nos pertenece, nosotros siempre hemos habitado este espacio, siempre hemos desarrollado esta identidad en este lugar. Por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que nos desalojen”.

Su primo que lo acompañó hasta La Tribuna, Rodrigo Manquepi, argumentó que su familia posee derechos ancestrales sobre las tierras disputadas y pidió que se los deje de hostigar.

“En primer lugar, reclamamos que se nos entreguen, se nos compren o devuelvan las tierras. En segundo lugar, estamos pidiendo que se nos deje de hostigar, porque este es un hostigamiento que se nos está haciendo a nosotros como pueblo”, aseveró.

“Supuestamente, el dueño (del predio) tiene un papel que dice que lo avala, que es dueño, pero eso fue mucho tiempo después del título de merced (…) Esa tierra está incluido en el título de merced que tiene la comunidad de Trapa Trapa”, añadió.

Finalmente, el joven contó que como familia se acercaron a la Conadi, sin embargo, dijo, no pudieron conseguir apoyo de parte de esta institución.

Diario La Tribuna también intentó comunicarse hasta el cierre de esta edición con el abogado representante de Inversiones Tama S.A, firma que aparece como la dueña legal del predio, lo cual no fue posible.

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