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El análisis no contempla a funcionarios de las municipalidades y puso el foco en la duración de las investigaciones disciplinarias y en los controles asociados a estas medidas.
Uno de los principales antecedentes identificados corresponde a la duración de algunos sumarios.
Según la revisión, 30 funcionarios permanecían suspendidos por más de tres años, mientras que 13 casos superaban los cuatro años.
La suspensión preventiva más extensa correspondía a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, con una duración estimada de cuatro años y siete meses.
Entre los otros casos de mayor extensión aparecen funcionarios del SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
La normativa contempla la suspensión preventiva mientras se desarrolla una investigación disciplinaria. Sin embargo, cuando un sumario se prolonga, la autoridad debe revisar su estado y adoptar medidas destinadas a acelerar su tramitación.
A partir de los resultados de la fiscalización, la Contraloría determinó que tramitará los 30 sumarios asociados a funcionarios que llevaban más de tres años suspendidos.
Además, los organismos que mantengan funcionarios bajo suspensión preventiva por más de un año deberán entregar antecedentes sobre el estado de cada procedimiento.
Las entidades tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar si el sumario terminó, justificar la continuidad de la medida o detallar las acciones adoptadas para agilizar su conclusión.
Otro de los antecedentes del informe apunta al gasto asociado a los casos de mayor duración.
La fiscalización estableció que el Estado pagó $671 millones en remuneraciones correspondientes a los diez casos de suspensión más prolongada.
La revisión también detectó que 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante el período analizado, de acuerdo con antecedentes proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
La Contraloría anunció nuevas verificaciones y emitió instrucciones destinadas a reforzar el control sobre las suspensiones preventivas y la duración de los procedimientos disciplinarios.
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