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Durante años, el robo de animales fue considerado el principal delito que afectaba al mundo rural. Sin embargo, la realidad que hoy enfrentan agricultores y ganaderos de la provincia de Biobío es mucho más compleja.
Al abigeato se ha sumado la sustracción de cobre desde sistemas de riego, el hurto de maquinaria agrícola, el robo de agroquímicos y otras modalidades que generan pérdidas millonarias y una creciente sensación de inseguridad en sectores alejados de los centros urbanos.
Hasta hace pocos meses, no existía una radiografía que permitiera conocer con precisión cuáles eran los delitos más frecuentes y dónde concentrar los esfuerzos para combatirlos.
Esa brecha comenzó a reducirse con la creación del Observatorio de Delitos Rurales, iniciativa impulsada por la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), que reúne información, asesora a víctimas y coordina el trabajo con policías, Fiscalía y organismos públicos.
Para su director ejecutivo, Jorge Contreras Blumel, uno de los principales avances logrados durante este primer semestre fue contar con una base de datos propia.
"Hoy tenemos por primera vez una estadística de los primeros seis meses del año. No podemos compararla con períodos anteriores porque nunca había existido un registro, pero sí podemos identificar cuáles son los delitos más prevalentes", detalló.
Los antecedentes recopilados muestran que el hurto de maquinaria y el robo de cobre lideran los casos registrados por el Observatorio, seguidos por el abigeato.
Según Contreras, el robo de cobre ha adquirido especial relevancia debido a los daños que provoca en instalaciones agrícolas y sistemas de riego.
"Se roban el cobre de llaves, tableros eléctricos y piezas de maquinaria que luego son desarmadas para extraer ese material", explicó.
En paralelo, "en sectores como Quilaco tenemos un abigeato muy desatado", advirtió.
Más allá de las cifras, mencionó que el valor del Observatorio radica en transformar la información en una herramienta para orientar las decisiones de las instituciones.
"La gran gracia del Observatorio es que hoy podemos establecer tendencias para saber dónde enfocar la política pública", sostuvo.
COORDINACIÓN PARA ENFRENTAR EL FENÓMENO
Para fortalecer la investigación de estos delitos, el Observatorio organizó recientemente un seminario de capacitación junto a la Asociación de Productores e Importadores de Agroinsumos y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
La actividad reunió a más de 50 participantes, entre ellos, funcionarios de Carabineros, la PDI, Fiscalía, equipos de Seguridad Pública Municipal y representantes del sector agrícola.
Uno de los principales propósitos fue mejorar la identificación y trazabilidad de agroquímicos robados, un tipo de delito que ha ido adquiriendo mayor presencia durante los últimos años.
"Muchas veces se recupera un producto, pero no existe claridad respecto de su propietario o de su origen. Por eso era importante que las policías conocieran la nomenclatura y los sistemas de identificación de estos insumos", precisó.
A ello se suma la creación de una mesa permanente de trabajo integrada por el Observatorio, las policías y el Ministerio Público, cuya primera sesión se desarrollará el próximo miércoles 15 de julio en Socabío.
La instancia permitirá compartir la información recopilada durante el año, identificar patrones delictivos y coordinar estrategias de persecución penal.
"Hoy tenemos comunicación directa con las policías y con la Fiscalía cuando un agricultor resulta afectado por un delito", destacó.
El trabajo del Observatorio también incluye asesoría jurídica para víctimas, orientación respecto de denuncias y la evaluación de futuras querellas colectivas cuando existan múltiples afectados por una misma modalidad delictiva.
Junto con ello, la organización prepara la primera Feria de Seguridad Agrícola de la Región del Biobío, donde empresas especializadas presentarán soluciones tecnológicas como drones, sensores y sistemas inteligentes de vigilancia para predios rurales.
Para el director, la incorporación de estas herramientas constituye un complemento a la labor policial y refleja que la seguridad rural enfrenta un escenario distinto al de hace algunos años, donde la prevención depende cada vez más de la coordinación institucional y del uso de nuevas tecnologías.
EL DESAFÍO DE FORTALECER LA SEGURIDAD RURAL
El diagnóstico levantado por el Observatorio de Delitos Rurales abrió un debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas al mundo rural.
Parlamentarios del Distrito 21 coinciden en que estos territorios requieren medidas específicas, debido a las características que presentan estos delitos y a las dificultades propias de una provincia extensa, donde existen sectores apartados y con una amplia dispersión geográfica.
El diputado Patricio Pinilla planteó que una de las principales dificultades para enfrentar este problema ha sido la falta de información específica que permita dimensionar con precisión el fenómeno.
"Las encuestas que conocemos en materia de delitos son generalmente en el ámbito urbano, y eso ya da un espacio de opacidad importante de destacar", afirmó.
El parlamentario manifestó que "existe el mismo nivel de duda respecto de la cantidad de efectivos, policías, vehículos y establecimientos de Carabineros en el sector rural para enfrentar la delincuencia".
A su juicio, la delincuencia rural ha experimentado una transformación y ya no se limita únicamente al tradicional abigeato.
"Hay algunos delitos que son bastante más organizados de lo que uno cree, como el robo de madera, aserraderos informales o plantaciones extensivas de marihuana, que pasan a ser casi una orgánica económica criminal", advirtió.
El diputado dijo que hay preocupación por el aumento de ilícitos como el robo de cables e insumos agrícolas, algunos de los cuales pueden estar vinculados a otras actividades ilegales.
Por ello, dio a conocer la necesidad de avanzar en modificaciones legales, mejorar la tipificación de algunos delitos, fortalecer las herramientas investigativas, aumentar la dotación policial e incorporar nuevas tecnologías para enfrentar estas modalidades.
Por su parte, el diputado Cristóbal Urruticoechea advirtió que el robo de insumos agrícolas se ha transformado en una de las principales amenazas para la seguridad del mundo rural, debido al actuar de bandas organizadas que abastecen un mercado ilegal de agroquímicos, fertilizantes y otros implementos de alto valor.
El parlamentario sostuvo que estos delitos provocan importantes pérdidas económicas para los productores y afectan el normal desarrollo de la actividad agrícola. Explicó que los delincuentes suelen concentrarse en el robo de pesticidas, fertilizantes, cables de cobre, transformadores y equipamiento operativo, elementos que generan un alto impacto cuando son sustraídos.
Asimismo, alertó sobre las consecuencias que tiene la circulación de insumos robados, ya que puede comprometer la trazabilidad de los productos agrícolas y poner en riesgo la certificación de las cosechas cuando se desconoce el origen de los químicos utilizados.
Urruticoechea agregó que, además del perjuicio económico por el robo, los agricultores deben enfrentar daños en portones, luminarias y sistemas de vigilancia durante los asaltos, lo que los obliga a destinar importantes recursos a medidas de seguridad. "Es un problema real que ha tomado una importancia bastante relevante y que debe ser tomado muy en cuenta, muy en serio, por el Gobierno y por quienes tengan que ver con el tema", enfatizó.
Desde otra perspectiva, la diputada Lilian Betancourt puso el foco en el impacto que estos hechos generan en las familias que viven y trabajan en el campo.
"Si bien los indicadores muestran una disminución de algunos delitos en sectores urbanos gracias a una mayor focalización de recursos y presencia policial, también debemos reconocer una realidad que preocupa profundamente: la delincuencia se ha trasladado con mayor fuerza a los sectores rurales", declaró.
La parlamentaria señaló que conoce esta realidad de manera cercana, luego de haber sido víctima del robo de animales.
"Conozco de primera fuente la impotencia y el daño que estos delitos provocan en quienes viven y trabajan en el campo", enfatizó.
Betancourt aseveró que el Estado mantiene una deuda con las comunidades rurales y llamó a fortalecer la presencia policial, mejorar la capacidad de respuesta y destinar mayores recursos para prevenir estos hechos.
"Todos somos chilenos y tenemos el mismo derecho a vivir con seguridad, sin importar si habitamos una ciudad o una zona rural", manifestó.
En tanto, la diputada Flor Weisse dio cuenta de los avances registrados durante los últimos meses en materia de coordinación institucional para enfrentar los delitos rurales.
"En la provincia de Biobío hemos observado avances que es importante reconocer. En comunas como Los Ángeles se ha fortalecido el trabajo coordinado entre Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, los municipios y las organizaciones del mundo agrícola", puntualizó.
La parlamentaria valoró que actualmente exista un mayor levantamiento de información sobre estos delitos, considerando que contar con datos permite diseñar estrategias más eficaces.
"No se trata solo de proteger la producción agrícola, sino también de entregar tranquilidad a las familias que viven en el sector rural y que merecen desarrollar su vida y su trabajo con mayor seguridad", añadió.
Según su análisis, el desafío ahora es consolidar estos avances, reforzar la presencia preventiva en los sectores más apartados y seguir perfeccionando la legislación para enfrentar nuevas modalidades delictuales.
UNA APUESTA POR LA TRAZABILIDAD
En materia legislativa, desde la oficina parlamentaria de la diputada Joanna Pérez informaron que la iniciativa impulsada para crear un sistema de trazabilidad rural continúa avanzando en su etapa inicial.
El proyecto impulsado por la parlamentaria se encuentra en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados y apunta a establecer mecanismos de identificación y seguimiento para maquinaria agrícola, fertilizantes, pesticidas, sistemas de riego y otros bienes estratégicos del sector.
La propuesta busca dificultar la comercialización de especies robadas y mejorar las posibilidades de identificación durante procedimientos policiales, complementando el trabajo que actualmente desarrollan las instituciones encargadas de investigar estos hechos.
En base a información proporcionada por su equipo, Joanna Pérez solicitará al ministro de Agricultura, Jaime Campos, otorgar urgencia a la iniciativa, mientras que la presidenta de la Comisión de Agricultura también pedirá priorizar su discusión.
Además, desde su oficina señalaron que la parlamentaria abordará esta materia con la subsecretaria de Seguridad Pública en el marco de la Comisión de Gobierno Interior, instancia que preside, con la finalidad de fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar los delitos que afectan al mundo rural.
UN FENÓMENO QUE REQUIERE RESPUESTAS INTEGRALES
Aunque todavía es temprano para establecer si los delitos rurales aumentan o disminuyen, la creación del Observatorio representa el primer esfuerzo sistemático por comprender un fenómeno que durante años careció de estadísticas propias en la provincia de Biobío.
La información recopilada permitirá construir una línea base para evaluar la evolución de estos ilícitos, identificar los sectores más afectados y orientar los recursos hacia los puntos donde exista mayor necesidad de intervención.
Al mismo tiempo, la coordinación entre policías, Fiscalía, municipios, organizaciones agrícolas y representantes del mundo político refleja que la seguridad rural comienza a abordarse desde una perspectiva más amplia.
El desafío ahora será transformar ese diagnóstico en resultados concretos. Para agricultores y familias que viven en el campo, recuperar la tranquilidad no depende únicamente de reducir las cifras de robos, sino también de contar con instituciones capaces de prevenir, investigar y sancionar eficazmente a quienes afectan una actividad esencial para la provincia de Biobío.
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