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Con ello, los cobros —que inicialmente debían comenzar en abril de 2026— se trasladan a julio del mismo año, evitando un incremento inmediato en las cuentas de la luz.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Energía, Ximena Rincón, respaldó la decisión y aseguró que responde a un trabajo coordinado entre el Gobierno, el Congreso y el sector eléctrico.
Según detalló, la resolución se gestó tras reuniones con diputados de la Comisión de Minería y Energía, senadores y representantes de las empresas distribuidoras, lo que permitió avanzar en una salida que moderara el efecto de los cobros.
Rincón explicó que la instrucción de la SEC posterga la reliquidación para todos los clientes del país, trasladando el inicio del proceso a julio de 2026.
"Estamos trabajando para abordar este tema y tratar de impedir que esto impacte negativamente en las familias", sostuvo, subrayando que el objetivo es compatibilizar el pago de la deuda acumulada sin generar una carga excesiva.
En esa línea, añadió que "buscamos una fórmula que permita que se salde la deuda, pero que no sea una carga más para las familias".
La ministra también apuntó al complejo escenario externo como un factor clave en la decisión. "Ya el contexto mundial, la crisis por la guerra y también el alza de los combustibles estaba siendo un peso para las familias; no podíamos agregar una dificultad más en estos días", indicó.
El diagnóstico coincide con las advertencias levantadas desde el Congreso, donde se alertó que aplicar estas reliquidaciones en el corto plazo podría intensificar la presión sobre el costo de vida.
Desde la SEC recalcaron que la medida no elimina la obligación legal de reliquidar los montos pendientes, sino que únicamente aplaza su ejecución, manteniendo además el sistema de pago en cuotas para evitar alzas bruscas.
Por su parte, la superintendenta Marta Cabeza explicó que "esta medida permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación".
Asimismo, precisó que la decisión busca equilibrar el cumplimiento normativo con la protección de los usuarios, en un contexto económico que sigue siendo desafiante.
Las reliquidaciones del VAD corresponden a diferencias acumuladas en las tarifas eléctricas entre 2020 y 2024, las que por normativa deben ser regularizadas.
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