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Ese día, tres abogados y un funcionario del Juzgado de Garantía de la ciudad fueron detenidos por una serie de delitos que sacudieron los cimientos de la probidad y el correcto funcionamiento del sistema de justicia.
Dos nombres concentran el foco de esta investigación, liderada por la Fiscalía de Ñuble por instrucción del fiscal nacional Ángel Valencia: Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, ambas abogadas que integraban un estudio jurídico en la capital provincial de Biobío hasta su detención.
Las señales de alerta surgieron desde distintos frentes. Por una parte, escuchas telefónicas que evidenciaban conversaciones con líderes de bandas narcotraficantes; por otra, correos electrónicos internos de la propia Fiscalía que daban cuenta de conductas poco éticas, incluyendo la entrega de regalos a funcionarios. Ambos antecedentes fueron clave para encender las alarmas entre los investigadores.
Operativos del O.S.7 de Carabineros y de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, que no obtenían los resultados esperados, se transformaron fundamental de esta indagatoria. Esto, debido a que las policías comenzaron a sospechar que "alguien" estaba alertando a los traficantes sobre las órdenes de entrada y registro en inmuebles donde se presumía la existencia de droga o antecedentes vinculados a su almacenamiento.
Así, las piezas comenzaron a encajar. Susana Cortés es esposa del exdefensor penal público de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, también formalizado en esta investigación, quien habría facilitado las claves de acceso al sistema digital para revisar causas vinculadas a clientes de su cónyuge, hechos que fueron reconocidos por los involucrados.
Una dinámica similar se habría repetido en el caso de Andrea Romero, esposa del exfiscal Rodrigo Durán, persecutor que en diversas ocasiones participó en audiencias relacionadas con la detención de líderes de bandas narcotraficantes.
Entre los antecedentes expuestos en la extensa audiencia de formalización, uno de los audios más relevantes corresponde a una conversación entre Susana Cortés y el líder de la banda "Los Corbata", Luis Corvalán, en la que ella le advierte: "bota todas las hue... están todos los teléfonos pinchados y borra todos los mensajes de WhatsApp".
Con toda la evidencia en su poder, recopilada entre 2017 y 2024, la fiscalía de Ñuble dispuso la detención de Susana Cortés, de Andrea Romero, de Patricio Gutiérrez y Nelson Sáez, este último, encargado de actas del tribunal para que acomodara audiencias con una magistrada, también imputada en la causa, quien fallaba en favor de sus intereses.
Tras seis días de audiencia en el tribunal angelino, los tres abogados fueron formalizados por asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y sobornos.
En el caso de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, además se les atribuyen delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la investigación y prevaricación del abogado.
Desde el Colegio de Abogados de Los Ángeles reconocen que se trata de un caso que impacta directamente su rol como auxiliares de la administración de justicia.
En entrevista con Diario La Tribuna, el presidente del Colegio de Abogados de Los Ángeles, Sergio Troncoso Escobar, señaló que se trata de un asunto "muy delicado", que incluso ha sido analizado a nivel de la Confederación de Colegios de Abogados de Chile.
"Lógicamente nos afecta por cuanto los abogados somos auxiliares de la administración de justicia, hemos sido revestidos de cierta autoridad para representar los intereses de los derechos litigantes, y claramente en este actuar, tenemos que hacerlo con lealtad, con honradez y actuar de buena fe" indicó.
Para Troncoso, existe una crisis de carácter prioritario que atraviesa al conjunto de las instituciones del país, no solo a los abogados —precisó—, sino también al Poder Judicial en general, "que en un principio nunca había alcanzado el nivel que ha llegado ahora hasta llegar un ministro de la Corte Suprema, como también ha llegado a los funcionarios judiciales" enfatizó.
El presidente del Colegio de Abogados de Los Ángeles planteó que uno de los principales problemas radica en que las autoridades, especialmente el Poder Legislativo y el Ejecutivo, no han generado instancias efectivas para abordar esta situación.
A su juicio, desde la eliminación de los colegios de abogados tras la Constitución de 1980, se debilitó el control ético del ejercicio profesional, dando paso a un sistema basado en la libertad de asociación.
"Si bien es cierto que la libertad es un derecho importante, también creemos que el control ético resulta importante" aclaró Troncoso.
El Colegio de Abogados de Los Ángeles plantea la necesidad de avanzar en la elaboración de un código de ética nacional, similar a cuerpos normativos como el Código Civil o el Código de Procedimiento Civil, que regule el ejercicio profesional a nivel país.
La propuesta considera que este instrumento sea aplicado por los respectivos colegios de abogados, incorporando sanciones como amonestaciones, suspensión del ejercicio profesional por un tiempo determinado y expulsión para quienes estén colegiados, además de mecanismos de control para quienes ejercen sin estar afiliados.
En cuanto a las sanciones de mayor gravedad, como la expulsión o la suspensión prolongada del ejercicio profesional, Sergio Troncoso propone que puedan ser revisadas por una instancia superior, así como también establecer mecanismos de apelación en casos de suspensiones.
Sergio Troncoso agregó que, si bien el caso se registra en una capital provincial, "tiene la misma gravedad o entidad que tiene lo que está ocurriendo en Santiago con casos como el de la magistrada Angela Vivanco, quien recordemos, fue imputada por el Ministerio Público como autora de tres delitos consumados de cohecho y lavado de activos". A su juicio, este tipo de situaciones no siempre recibe la cobertura necesaria, lo que impide dimensionar su impacto y generar una respuesta oportuna desde las autoridades, el Congreso y el Ejecutivo.
Tras dictarse la medida de prisión preventiva para las abogadas Cortés y Romero por parte del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, junto con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, las defensas de ambas imputadas presentaron un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Concepción, con el objetivo de modificar la cautelar.
Como fundamento, argumentaron que ambas son madres y cuidadoras de sus hijos, por lo que estiman que la medida de arresto domiciliario resultaría más adecuada en este caso.
Sin embargo, la Quinta Sala del tribunal de alzada penquista rechazó la solicitud y resolvió mantener la prisión preventiva, señalando que existen antecedentes que podrían configurar, de manera preliminar, el delito de tráfico de armas, conforme al artículo 10 de la Ley N° 17.798.
En ese contexto, el tribunal consideró que de los antecedentes se desprende que ambas imputadas habrían mantenido contacto con Moisés Bastardo Bastardo, cliente e imputado en causas penales en Los Ángeles, quien les habría informado sobre el envío de armas y municiones a un tercero, hecho que —según la resolución— se habría concretado, configurando una eventual participación en el ilícito investigado.
A lo anterior se suma que aún existen diligencias pendientes, especialmente en relación con el delito de lavado de activos, por lo que la Corte de Apelaciones de Concepción estimó procedente mantener, por ahora, la medida cautelar impugnada, al considerar que "toda vez que resulta ser idónea, necesaria y proporcional a los hechos delictivos en materia de la formalización".
La fiscal de Ñuble Nayalet Mansilla, quien lidera esta investigación junto a la PDI y un equipo de profesionales del Ministerio Público, se mostró conforme con la determinación de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Para la persecutora, es importante además que, el tribunal de alzada penquista además dio por acreditados otros delitos que habían sido desestimados por el Tribunal de Garantía como son el tráfico de armas y el soborno.
"La Fiscalía estima que este fallo se ajusta a los solicitados por el Ministerio Público y esperamos continuar adelante con esta investigación" resaltó la fiscal.
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