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Los argumentos presentados señalaban que ambas son madres y que sus hijos están bajo el cuidado de sus respectivos padres.
Ambas imputadas fueron formalizadas en calidad de autoras de los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a sistema informático, soborno, lavado de activos, obstrucción a la investigación y prevaricación de abogado.
La defensa de Cortés argumentó que la prisión preventiva era desproporcionada, ya que la jueza de primer grado solo tuvo por acreditados hechos constitutivos de simples delitos, excluyendo los crímenes imputados originalmente. Además, invocó el arraigo familiar y laboral de su representada, su conducta anterior irreprochable, el hecho de haber declarado ante la fiscalía y razones de género.
Por su parte, la defensa de Romero sostuvo que no existían antecedentes suficientes para justificar los delitos de la formalización, y planteó argumentos similares: arraigo, conducta anterior irreprochable, declaración prestada en sede judicial y razones de género, que harían innecesaria la prisión preventiva.
A su turno, el persecutor penal adujo, en lo esencial, que se encontraba justificada la existencia de todos los ilícitos en materia de la formalización, entre ellos la comisión de crímenes, lo que ameritaba la imposición de la cautelar controvertida, puesto que esta medida resulta necesaria para el éxito de la investigación y para garantizar la seguridad de la sociedad.
El ministro César Panés Ramírez le pidió a la relatora, Camila Flores Rojas que leyera el fallo, el que, en parte indica que, la Corte de Apelaciones de Concepción compartió la conclusión vertida en dicha resolución en cuanto a la existencia de elementos de juicio que configuran el delito de prevaricación de abogado, obstrucción a la investigación y acceso indebido al sistema informático de la Defensoría Penal Pública (...), con los antecedentes hasta ahora reunidos, podría tenerse también por concurrente el delito de soborno y además, el delito de tráfico de armas.
Esto último, porque los antecedentes indican que ambas abogadas mantuvieron contacto con Moisés Bastardo Bastardo, cliente suyo e imputado en otra causa, quien les comunicó el envío de armas y municiones a un tercero, hecho que efectivamente se concretó y que demostraría su participación en ese delito.
Por estas consideraciones, el tribunal confirmó la resolución del 12 de marzo de 2026 del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, que impuso prisión preventiva a Susana Andrea Cortés y Andrea Romero Jara, junto a las demás cautelares establecidas en esa misma resolución.
Al respecto, la fiscal de Ñuble, Nayalet Mansilla, a cargo de la investigación, destacó que el tribunal de alzada haya sumado más delitos a los que habían sido acreditados por la magistrada Claudia Aguilera González, del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, pues los ministros consideran que se dan por establecidos el soborno y el tráfico ilícito de armas.
Recordemos que, a las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, se suma en esta investigación el exdefensor local jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinao (esposo de la imputada Susana Cortés), quien fue formalizado por revelación de secreto y quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de comunicarse con los demás imputados, incluida su cónyuge.
Un cuarto formalizado en esta investigación es el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, quien está con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, y prohibiciones de salir del país y de comunicarse con los otros imputados. Nelson Sáez está formalizado por cohecho reiterado.
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