El robo de cables eléctricos en Chile alcanzó en 2025 dimensiones sin precedentes, tras la sustracción de más de 420 kilómetros de conductor de cobre desde las instalaciones de la Compañía General de Electricidad (CGE) a nivel nacional.
La cifra duplica lo registrado el año anterior y posiciona a la región del Biobío como la tercera más afectada del país, superando incluso a la región Metropolitana.
Según reveló la compañía eléctrica, este delito —perpetrado por bandas organizadas y cada vez más violentas— generó la interrupción del servicio para 46.599 clientes en la región durante varias horas, mientras que a nivel nacional la cifra de afectados alcanzó 265.487 usuarios.
Según datos de la empresa distribuidora eléctrica, las regiones con mayor cantidad de cable robado por delincuentes fueron Coquimbo, con 137.687 metros; Maule, con 63.177 metros; Biobío, con 45.494 metros; Metropolitana, con 38.675 metros; O'Higgins, con 28.506 metros; y Tarapacá, con 27.945 metros.
Más atrás se ubican Ñuble, Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, La Araucanía y Valparaíso.
UN RECORD QUE DUPLICA
Según el reporte de CGE, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 1.426 eventos de robo de cable a lo largo de su zona de concesión, tanto en redes de distribución como de transmisión, lo que contabiliza 420.722 metros de conductor eléctrico sustraído, lo que ha conllevado el daño o la destrucción de postes, transformadores, cables y otra infraestructura clave para suministrar el servicio eléctrico.
El director de Operaciones de CGE, Víctor Balbontín, señaló que estas cifras muestran un récord en cantidad de delitos, en tanto que se duplica lo registrado en 2024, cuando hubo 774 eventos y 225 kilómetros de cable robado.
"Lamentablemente, el 2025 marcamos un nuevo récord en este tipo de delitos, lo que es muy preocupante", enfatizó.
Para tener una dimensión física de lo que esto representa, los metros de cable robado desde las instalaciones de distribución y transmisión de CGE equivalen a la distancia entre Santiago y Ovalle o Santiago y Chillán.
El directivo recordó que en junio de 2025 la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo en la región Metropolitana en el que se incautaron más de siete toneladas de cable robado desde CGE, lo que muestra el nivel de organización de las bandas delictuales que cometen estos ilícitos.
BANDAS ESPECIALIZADAS
En la región del Biobío la situación no es muy distinta. En 2025, la PDI desbarató varias bandas dedicadas al robo de alambre de cobre.
En los allanamientos realizados en las comunas de Concepción y Coronel se detuvo a 17 personas —ocho mujeres y nueve hombres— dedicadas a la receptación y venta ilegal de cobre robado en la región del Biobío.
En esa ocasión se incautaron siete vehículos y dos camiones utilizados para el transporte del cobre robado, así como más de $8 millones en efectivo, hallados en un domicilio de Coronel.
En octubre de ese mismo año se procedió a la detención de una asociación criminal dedicada al robo de cobre y otros delitos, principalmente en la región del Biobío.
La investigación comenzó en la región Metropolitana en abril, cuando se detuvo en flagrancia a siete personas que simulaban ser técnicos de empresas de telecomunicaciones para ingresar a cámaras subterráneas a cortar y sustraer cables de cobre.
Los imputados participaron de 17 robos de cable de cobre en el Biobío.
REFORZAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SANCIONES
Para CGE es necesario que las autoridades refuercen medidas y las penas ante un delito que ha cambiado su comportamiento.
Víctor Balbontín aseguró que como compañía realizan las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país.
"Los delitos se han vuelto más violentos y recurrentes, con bandas organizadas que usan equipamiento como camiones, camionetas y otros vehículos, y también están armados para atacar puntos de manera recurrente", afirmó.
Agregó que lo anterior aumenta los riesgos para hacer frente a la problemática.
MESAS DE TRABAJO
Al respecto, el seremi de Energía en Biobío, Danilo Ulloa, detalló que el Gobierno ha estado monitoreando estos casos y, por ello, existe un trabajo intersectorial a través de la mesa público-privada para la prevención del robo de cables, que es liderada por la Seremi de Seguridad Pública de la región del Biobío.
Añadió que en estas instancias de trabajo colaborativo también participan las compañías eléctricas, las Fuerzas de Orden y Seguridad, la Fiscalía Regional y las distintas carteras ministeriales correspondientes.
El principal objetivo de esta mesa de trabajo —indicó—es mejorar la persecución penal y fiscalizar las chatarrerías que reducen el cobre.
El representante del Ministerio de Energía en la zona dio a conocer que durante el año 2025 reforzaron las acciones preventivas para mitigar estos ilícitos.
"Además, hemos realizado un importante trabajo de difusión para informar a las familias de las diferentes comunas de la región sobre la relevancia de realizar denuncias ciudadanas de forma oportuna, porque a través de esta se pueden realizar las acciones pertinentes para detener los ilícitos y evitar interrupciones del suministro eléctrico", aseguró.