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A 28 meses del asesinato de su hijo Gerson Javier Jara Rodríguez, la justicia no solo parece esquiva, sino que se ha visto entrampada en un sistema judicial que Yolanda describe como "largo y tedioso".
Gerson tenía 28 años cuando su vida fue truncada. No era solo una cifra en un parte policial; era un joven cuya trayectoria vital estaba marcada por el servicio comunitario, el esfuerzo académico y una fe constante.
Su madre, quien hoy asume el rol de voz pública de su memoria, relata con una mezcla de orgullo y dolor cómo su hijo se multiplicaba para cumplir con sus sueños y responsabilidades, trabajando como reponedor nocturno en un supermercado y como conductor de aplicación para costear sus estudios y deudas educativas.
La historia pedagógica y social de Gerson Javier es el relato de un ciudadano comprometido. Desde sus primeros pasos en los jardines infantiles "Caracolito" y "Piececitos de Niños", hasta su paso por el Liceo Don Orione, donde se licenció en Administración de Empresas en 2013, demostró una vocación constante por el aprendizaje.
Aunque debió congelar sus estudios de ingeniería por motivos laborales y por el impacto de la pandemia, nunca abandonó su deseo de superación.
Su compromiso no se limitaba a las aulas. Gerson fue monaguillo, integrante de coros parroquiales, catequista y monitor de confirmación. Su labor en la Juventud Parroquial Chilena (Jupach) lo llevó por diversas parroquias, como Fátima, Juan Bautista y Santiago Apóstol.
Viajaba incluso a Rancagua para colaborar en las cenas anuales del Pequeño Cottolengo y participó en misiones en Chiloé con "Un Techo para Chile" en 2015. Además, su voz se escuchó en las ondas de radio Regina Coeli, perteneciente al obispado local.
La tragedia se desencadenó un domingo a las 14:10 horas. Yolanda recuerda que el impacto emocional fue devastador para toda la familia. Ella se enteró de lo ocurrido cerca de las siete de la tarde, cuando su hija llegó a casa con sus nietos, un movimiento inusual que le advirtió de inmediato que algo grave había sucedido.
El golpe fue tal que su hijo mayor sufrió una descompensación severa, y ella misma reconoce que continúa en estado de shock hasta el día de hoy.
La madre asegura que el acusado ideó un plan para acceder a Gerson y llevárselo bajo amenaza. A pesar de la existencia de antecedentes que dan cuenta de que fue trasladado contra su voluntad, Yolanda expresa una profunda frustración jurídica: según su versión, el delito de secuestro no pudo acreditarse debido a lo que considera "vacíos" en la legislación vigente, que exige requisitos específicos de distancia, tiempo y solicitud de rescate que no se habrían configurado en este caso.
El camino hacia la justicia ha estado marcado por obstáculos administrativos que Yolanda denuncia con firmeza. Según relata, la investigación —que inicialmente fue declarada secreta para no entorpecer diligencias— se cerró en junio de 2025, pero desde entonces el proceso ha permanecido entrampado en la etapa de preparación del juicio oral.
Yolanda menciona que una pericia psiquiátrica solicitada por la defensa se retrasó cerca de un año debido a problemas administrativos, con citaciones fallidas en marzo y octubre de 2024, lo que postergó el avance del proceso. La diligencia recién pudo concretarse en marzo de 2025, a lo que se sumó la espera de peritajes de armas provenientes de Concepción.
Además, según el relato de Yolanda, una de las audiencias recientes debió suspenderse debido a una falla del sistema informático del tribunal, situación que además impidió que Gendarmería fuera notificada oportunamente del traslado del acusado, quien se mantiene en prisión preventiva.
La nueva fecha implica que la familia deberá esperar más de dos años adicionales para que el juicio finalmente se inicie, una dilación que Yolanda percibe como un "doble duelo" y una forma de "discriminación" hacia la memoria de su hijo y el sufrimiento de su entorno cercano.
A la tragedia personal se suma una sensación persistente de abandono institucional. Yolanda sostiene que el caso de Gerson ha pasado inadvertido en el ámbito público local. Asegura que, a diferencia de otros hechos, ninguna autoridad se ha acercado a su hogar para ofrecer apoyo o visibilizar la causa.
Incluso el acompañamiento psicológico necesario para enfrentar el trauma debió ser costeado de manera particular, debido a que el sistema de salud pública se encontraba en paro en ese momento, según afirmó. Sus otros hijos y sus cuatro nietos han debido sostenerse mutuamente en un entorno que, según describe, se percibe indiferente.
Pese a todo, Yolanda afirma no haber perdido la fe, razón por la que decidió hablar públicamente para mantener vigente la memoria de su hijo. En ese proceso, destaca el acompañamiento constante de los vecinos de la Villa Montreal, en el sector sur de Los Ángeles, quienes conocieron a Gerson desde la infancia y han estado presentes junto a la familia a lo largo de estos más de dos años de duelo.
Para Yolanda, el desenlace judicial no se vincula a una expectativa de reparación plena. Reconoce que ninguna condena le devolverá a su hijo, pero sostiene que una sentencia permitiría poner término a un proceso que se ha extendido por años y que ha significado una carga emocional constante, marcada por postergaciones, audiencias suspendidas y la sensación de que el dolor se prolonga indefinidamente.
Desde la Fiscalía del Biobío precisaron a Diario La Tribuna que el imputado en la causa fue acusado por los delitos de homicidio calificado, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y posesión ilegal de municiones, manteniéndose vigente la calificación jurídica de los hechos investigados.
Asimismo, desde el Ministerio Público detallaron que las penas solicitadas en conjunto superan los 27 años de presidio, en atención a la gravedad de los delitos imputados. Estas solicitudes penales serán conocidas y debatidas una vez que el tribunal fije y concrete la realización del juicio correspondiente.
Diario La Tribuna revisó la sección Consulta de Causas del sistema en línea del Poder Judicial y constató que el expediente figura actualmente como reservado, lo que implica que su contenido no se encuentra disponible para acceso público. No obstante, el sistema sí permite visualizar información general del proceso.
En ese contexto, se indica que la causa se encuentra en la etapa de preparación de juicio oral, con fecha de ingreso 15 de agosto de 2023 y estado actual en tramitación. A partir de estos antecedentes, este medio tomó contacto con el Poder Judicial, desde donde se informó que la audiencia de preparación de juicio oral está fijada para el miércoles 28 de enero, a las 10:00 horas.
El homicidio de Gerson Javier Jara Rodríguez ocurrió el domingo 13 de agosto de 2023. Según los antecedentes, una mujer —pareja de la víctima— acudió al domicilio de su exconviviente, C.A.N.P. (38), en calle Nahuelbuta, para retirar a sus hijas de 14 y cuatro años. En ese momento, el acusado salió del inmueble portando una pistola cargada y, mediante intimidación, se subió como copiloto al vehículo en el que se encontraba Gerson.
Bajo amenaza, obligó a la víctima a conducir hasta el sector rural de Las Trancas. Al llegar al kilómetro 1, le disparó a quemarropa en la cabeza, provocándole la muerte instantánea por un traumatismo craneoencefálico complicado. Tras el crimen, el autor huyó, pero se entregó voluntariamente a Carabineros la mañana del lunes 14 de agosto. En su domicilio se incautaron armas a fogueo modificadas, cargadores y diversas municiones.
Actualmente, C.A.N.P. permanece con la medida cautelar de prisión preventiva, imputado por homicidio calificado bajo las agravantes de premeditación y alevosía.
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