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La exhibición de tarifas en un letrero ubicado en el acceso al lugar, sumada a los testimonios compartidos por vecinos a través de redes sociales, reactivó el cuestionamiento sobre la legalidad de estas prácticas y generó un amplio debate público, que incluso motivó la reacción de una exautoridad vinculada al territorio.
Entre los registros difundidos en redes sociales se encuentra el de Marcela Villalobos, vecina de Alto Biobío, quien grabó un video en el que evidencia la situación y manifiesta su molestia por lo ocurrido.
De hecho, fueron los propios usuarios de redes sociales quienes se contactaron con Diario La Tribuna para difundir la denuncia. Según se explicó en el mensaje que acompañaba el enlace del video, en el sector de Piedra Partida de Callaqui, un lugar donde "diferentes localidades van a refrescarse" a orillas del río Queuco, el acceso ya no sería libre, debido a que se estaría cobrando ingreso.
"Lamentablemente, desde el año pasado no podemos hacer uso de dicho lugar", se indicó en el mensaje enviado a este medio, en cuanto de los cobros en el acceso al lugar.
En el texto compartido, además, se aseguró que el malestar es representativo de los vecinos del sector y que incluso se habrían registrado amenazas hacia quienes intentan cuestionar el cobro o contactar a Carabineros.
En el video, publicado tanto en Instagram como en Facebook el pasado domingo 28 de diciembre, Marcela Villalobos se presenta y relata lo ocurrido al llegar al acceso al río Queuco por el sector Piedra Partida.
Durante el mismo video, Villalobos agregó que una de las personas que estaría realizando el cobro la habría amenazado, motivo por el cual decidió grabar y difundir la situación como constancia pública.
En el cartel que se observa en el video y en fotografías compartidas en redes sociales se lee la leyenda: "Territorio en rekuperación (sic) Mapuche", junto a un listado de precios: $2.000 adultos, $1.000 niños y $3.000 camiones. El letrero además incluye mensajes como "recuerda llevar tu basura", "demuestra tu kultura (sic)" y consignas en defensa del territorio y los ríos.
La viralización del caso transformó el tema en uno de los más comentados entre vecinos de Alto Biobío, al punto de motivar la reflexión pública de una exautoridad.
Paulina Purrán Purrán, residente de la comuna de Alto Biobío y exdelegada presidencial provincial de Biobío entre marzo de 2022 y noviembre de 2024, compartió su visión a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram.
En su escrito recordó que durante su infancia era posible acceder al río Queuco y al río Biobío por distintos sectores colindantes con la comunidad de Callaqui. Sin embargo, señaló que hoy "son contados con los dedos de una mano" los lugares donde aún se puede llegar al río sin cobros, cercos o letreros que restrinjan el paso.
Si bien reconoció que algunos de estos espacios se encuentran en procesos de recuperación territorial —una defensa que calificó como "legítima" e "histórica"—, sostuvo que en ciertos casos esta práctica se aleja de la lógica de construir comunidad.
"No fue así como nos formaron", expresó, recalcando que el sentido comunitario también implica el cuidado de la relación con vecinos, amigas y familias de sectores como Ralco, con quienes —según indicó— se ha compartido históricamente el territorio.
En esa línea, recordó que "en Chile está prohibido cobrar por el acceso a los ríos", afirmación que extendió tanto al río Biobío como al río Queuco, espacios que —según planteó— hoy muchas personas ya no pueden disfrutar como era habitual en los veranos de años anteriores.
Diario La Tribuna tomó contacto con el Ministerio de Bienes Nacionales en la región del Biobío, desde donde recordaron el rol que cumple la cartera frente a este tipo de denuncias.
Desde la repartición confirmaron que existe un bloqueo en el punto consultado —sector Piedra Partida— y que los antecedentes serían derivados a las entidades competentes según la materia.
Finalmente, desde el ministerio recordaron que actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, el cual busca, entre otros aspectos, otorgar mayores facultades a los Juzgados de Policía Local para ordenar la reapertura de accesos que se encuentren bloqueados, reforzando así la protección de los bienes nacionales de uso público.
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