La suspensión momentánea de la Consulta Indígena, anunciada por el Gobierno de Chile tras finalizar la etapa de planificación en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, ha generado un profundo debate sobre la gestión de las políticas públicas destinadas a los pueblos originarios.
El experto Jorge Cordero, investigador del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales (Faro UDD), fue enfático al señalar que, antes de analizar el futuro de las políticas, es crucial reflexionar sobre la responsabilidad directa del Gobierno en la paralización del proceso. Cordero destaca que la administración demostró una falta de visión de Estado al no lograr internalizar el clima político ni socializar el contenido del informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPPyE).
La crítica más severa del experto se centra en la "irresponsabilidad sin precedentes" percibida en la manera en que el Ejecutivo administró las propuestas de la comisión, un error de cálculo que, a su juicio, ha sepultado la posibilidad de avanzar en la reforma del sistema de tierras, pieza clave para generar orden en la reparación histórica.
Este escenario, asegura, obliga a los tomadores de decisiones a abandonar los procesos "grandilocuentes" y a enfocarse en pulir y mejorar la oferta institucional indígena que ya se encuentra vigente.
FALTA DE VISIÓN DE ESTADO Y GESTIÓN IMPRUDENTE
Desde la perspectiva del investigador de Faro UDD, la forma en que se abordó la Consulta Indígena estuvo viciada desde el inicio, y la responsabilidad de la suspensión recae en la falta de cautela del Gobierno. Cordero sugiere que el manejo de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento fue condicionado por la salida apresurada de uno de sus miembros, Víctor Ramos, y que la decisión de levantar la consulta en medio de un clima electoral sin la debida difusión del informe fue un error estratégico grave.
Cordero también enfatiza que el Gobierno no fue capaz de internalizar la distancia que existía entre las propuestas emanadas de la CPPyE y lo que realmente pensaban las comunidades mapuche, lo que generó el rechazo posterior. Era fundamental que el contenido se socializara masivamente antes de siquiera iniciar el proceso.
Esta falla en la estrategia, según Cordero, es muy bien sintetizada por la reflexión de un dirigente mapuche de la zona:
INNOVAR CON LO EXISTENTE Y EVITAR LO PERFORMATIVO
En cuanto al futuro inmediato de las políticas públicas, el experto lamenta que la propuesta de modificar el sistema de tierras haya quedado "sin piso político". A su juicio, esta era una reforma vital porque cambiaba los incentivos de una política mal diseñada y, lo más importante, generaba orden en la reparación de tierras.
Ante este revés, Jorge Cordero sugiere que la hoja de ruta para la próxima administración debe cambiar radicalmente: abandonar la intención de iniciar procesos grandilocuentes, que califica como "performativos", y centrarse en mejorar la oferta institucional que ya está vigente.
Esto implica enfocarse en mejorar el funcionamiento de entidades clave y mecanismos existentes. El foco, según el experto, debe estar en tareas concretas y menos complejas que generen resultados tangibles antes de buscar grandes cambios. Se debe trabajar en pulir el funcionamiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), agilizar sus procesos internos, y hacer más eficientes la administración de las "Áreas de Desarrollo Indígena" (ADI), junto con mirar el Consejo Indígena.
Para el experto, generar confianza a partir de la mejora institucional es el paso previo indispensable para cualquier reforma de mayor calado en el futuro:
Finalmente, Cordero aclara que la suspensión no representa un retroceso en materia de reconocimiento indígena en general, sino que "para el Gobierno", que finaliza su período con un complejo legado: la aplicación extensa de un estado de excepción y la creación de una comisión que nuevamente no logró su cometido.
El llamado del Gobierno a la pausa y el diálogo
La suspensión momentánea del proceso de Consulta Indígena es un mecanismo que está contemplado dentro del reglamento y, según el comunicado oficial del Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se llevó a cabo tras la solicitud del pueblo involucrado.
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos Muñoz, ratificó que la decisión se tomó "ante la razonable solicitud de las comunidades indígenas de la zona", por lo que calificó la medida como una "suspensión administrativa". Esta pausa busca permitir un mejor despliegue en las cuatro regiones implicadas —Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos—, para ofrecer más información sobre la materia a consultar y facilitar la revinculación con las dirigencias y autoridades tradicionales.
En la etapa de planificación concluida, Ramos detalló que se llevaron a cabo más de 71 encuentros. En total, participaron más de 3.600 personas, con 1.700 de ellas en La Araucanía. Por ello, asegura que era imperativo "atender y escuchar a todas estas voces que pedían más tiempo y que pedían más información".
El Ejecutivo señaló, a través del subsecretario del Interior, que este trabajo de fortalecimiento del vínculo y despliegue territorial buscará construir una "ruta de Estado" que sea predecible para futuros gobiernos, independientemente de su color político. El objetivo es dar una respuesta "concreta a su manda de tierra que pueda ser viable y pueda ser implementada por cualquier gobierno".