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El proceso —que se desarrolla en el marco del Plan Buen Vivir y de los acuerdos emanados de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento— busca recoger directamente la visión de comunidades, asociaciones y organizaciones indígenas sobre posibles modificaciones a la actual Ley Indígena.
En la provincia se desarrollarán dos encuentros de consulta. El primero será el 18 de agosto en la Biblioteca Pública de Alto Biobío, en Ralco, donde están convocadas las comunidades pehuenches y mapuche de Santa Bárbara, Quilaco y la propia comuna anfitriona.
El segundo, en tanto, se realizará el 20 de agosto en el Centro Cultural Municipal de Los Ángeles, instancia dirigida a comunidades y organizaciones del resto del territorio provincial, lo que incluirá a Mulchén, Laja y Nacimiento.
El delegado Fuchslocher remarcó que la consulta no es una instancia puntual ni superficial, sino una práctica respaldada por convenios internacionales y que busca resolver, mediante el diálogo, una demanda histórica sobre la restitución y uso de tierras indígenas.
Para quienes no están familiarizados con el término, ¿qué es exactamente una consulta indígena?
—Según los diferentes convenios que el Estado ha suscrito, existe este mecanismo participativo donde justamente se consulta a las comunidades indígenas respecto de decisiones que inciden directamente en su vida, en sus formas de organización, entre otras.
En ese marco, ¿cuál es el trasfondo de esta consulta?
—Debemos recordar que se entregó el informe de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, donde tuvimos comisionados que son efectivamente de la zona y donde se llegó a diferentes acuerdos. Uno de ellos fue mejorar la Ley Indígena y, por ende, para ello se ha llamado por parte del presidente de la República a un proceso de consulta.
¿Y qué importancia le asigna el Gobierno?
—Es sumamente importante porque nos va a permitir, a través de la participación y del diálogo con incidencia directa de las asociaciones, organizaciones y comunidades indígenas de la provincia de Biobío, tener un insumo que nos permita generar una política pública sólida, planificada y que, por lo demás, dé respuesta a un tema que ha sido ampliamente abordado por las comunidades: la participación en estos procesos de consulta y, además, una política de tierras que pueda dar respuestas a una demanda histórica.
¿Cómo se desarrollan estos espacios?
—Hay que recordar primero que los procesos de consulta y de diálogo son parte de las formas ancestrales en las cuales los pueblos originarios han resuelto sus diferencias o han llegado a acuerdos respecto de decisiones relevantes para ellos.
Teniendo eso en cuenta, ¿qué formato adoptará la consulta?
—A los que nos ha tocado participar en otras instancias sabemos que todas las voces son escuchadas. Por ende, llevan tiempo. No son espacios de una o dos horas, sino que en este caso tenemos contemplado todo el día, y donde la idea es constituir mesas de trabajo para que todas las personas que asistan —y que pertenezcan no solamente a comunidades, sino que a organizaciones y asociaciones— puedan tener voz y expresar cuáles son sus sentires y cuál es, además, su solicitud para mejorar el sistema de tierras.
¿Hay algún proceso formal de inscripción o es una convocatoria abierta?
—La convocatoria es abierta. Se han realizado ya por parte del Plan Buen Vivir, el Gobierno Interior y el Ministerio de Desarrollo Social, que son los que están liderando este proceso. Lo que hacemos nosotros es extender la invitación.
Una vez que se recoge la información, ¿cuál es el paso siguiente?
—En todos los procesos de participación siempre tiene que haber una sistematización de toda la información. No son solamente las comunidades y organizaciones de la provincia de Biobío: también las de Concepción y Arauco, y de las regiones de La Araucanía y Los Ríos. Por lo tanto, hay que realizar un compilado de esa información y nutrir eso para que se presente este proyecto de política pública en materia de tierra, que justamente permita una buena planificación y dé respuesta a la necesidad de las comunidades.
¿Cuál es el objetivo final de este proceso consultivo?
—Lo voy a enmarcar en lo que nuestro presidente ha señalado respecto de poder encontrar una solución dialogada con todos los actores, en aquellos nudos críticos que han sido, por mucho tiempo, tratados de resolver por diferentes formas y por diferentes políticas públicas a través de todos los gobiernos. En este caso, nosotros siempre hemos creído que es el diálogo lo que ha impulsado la resolución de esos conflictos y la forma, además, en la cual uno puede establecer vías de solución para ello.
¿Este proceso es continuidad del trabajo de la comisión?
—Sí, la Comisión de Paz y Entendimiento fue un ejemplo, donde estaban representados todos los sectores y, además, personas que participaban desde las comunidades y los mundos público y privado, que llegaron a un acuerdo. Lo que nos corresponde a nosotros como Gobierno hoy día es materializar esos acuerdos, para que el resultado que podamos ver a futuro sea justamente un resultado que nació de un diálogo diverso y que llevó a un documento que nos permite generar política pública sólida y planificada en materia indígena.
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