La sustracción de cables eléctricos continúa afectando a miles de usuarios en la provincia de Biobío, con 47 kilómetros de tendido robado durante 2025, lo que ha dejado sin suministro a 16.674 clientes en distintos sectores de la región. La información fue proporcionada por la empresa Frontel.
Aunque la tasa de robos es aún inferior a 2024 —cuando se sustrajeron 118 kilómetros de cable y se afectó a más de 43.000 clientes—, este delito sigue generando pérdidas millonarias y dejando a numerosos vecinos sin electricidad.
Según los cálculos de Frontel, los cables robados hasta la fecha representan cerca de $263 millones en pérdidas solo en material de cobre, sin considerar los costos del cableado, el personal y todos los recursos necesarios para su reposición.
ÚLTIMO CASO EN PATA DE GALLINA
El más reciente incidente ocurrió en el sector rural de Pata de Gallina, en Los Ángeles, donde desconocidos sustrajeron 500 metros de cable, lo que dejó a 171 hogares sin electricidad por un tiempo indefinido.
"El robo de cables es un delito que afecta de manera directa el servicio de distribución eléctrica", señaló Rodrigo Muñoz, jefe de Servicio de Clientes de Frontel, empresa que ha visto cómo estos ilícitos perjudican tanto la infraestructura como la vida cotidiana de la comunidad.
Muñoz explicó que los robos no solo interrumpen el suministro eléctrico, sino que también dañan las instalaciones.
El ejecutivo agregó que la reposición de los cables es un proceso complejo que impacta directamente en la calidad del servicio.
QUERELLAS Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
En lo que va del año, Frontel ha presentado 27 querellas por robo de cables, en un intento por frenar este "negocio ilícito" que sigue generando altas ganancias a quienes sustraen cobre de manera organizada.
Por su parte, los vecinos sienten el impacto de forma directa: sin luz, muchas actividades cotidianas se ven interrumpidas y la preocupación por la seguridad aumenta, mientras las autoridades buscan soluciones para contener un flagelo que no da señales de disminuir.