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El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región del Biobío emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas por la diputada Karen Medina, quien solicitó la salida de la directora regional María Luz Gajardo tras el fallecimiento de un vecino del sector La Antena en San Rosendo, atribuyéndolo a una supuesta orden de desalojo mal gestionada.
En el documento, la institución indicó que las acciones emprendidas desde comienzos de este año han estado guiadas por informes técnicos de Sernageomin y del propio organismo, los cuales advirtieron un alto riesgo de remociones en masa y deslizamientos, representando una amenaza directa para la vida de las familias del asentamiento.
Cabe recordar, que se trata de familias que residen en el asentamiento precario "La Antena" en San Rosendo, quienes se vieron afectados gravemente por los eventos climáticos del invierno pasado.
"El terreno del campamento se divide en zonas de propiedad municipal, privada y una fracción que pertenece al Serviu Biobío", señala el comunicado, explicando que desde el 14 de febrero se inició la solicitud de restitución administrativa de los terrenos públicos que estaban siendo ocupados irregularmente, como parte de un proceso planificado y socializado con las familias afectadas.
En este contexto, el organismo señaló que informó a las familias y les ofreció subsidios de traslado y vivienda definitiva, conforme a los requisitos vigentes. Como resultado, 11 de las 13 familias que habitaban en el sector abandonaron el lugar de manera voluntaria, con apoyo para encontrar arriendos en comunas cercanas como San Rosendo, Laja y Nacimiento.
Respecto al caso de Luis Fernando González Herrera, quien fue mencionado por la diputada Medina como víctima de un "abandono institucional", el Serviu lamentó profundamente su fallecimiento, aunque aclaró que él ya había iniciado su proceso de traslado voluntario y había recibido asistencia de equipos técnicos y familiares al momento de su salida.
Según información del propio servicio, Luis había accedido a dejar el lugar y contaba con ayuda de su hijo y su sobrino para concretar el traslado. No obstante, dos familias, incluida la suya, enfrentaron restricciones para acceder a beneficios por haber sido beneficiarios previamente o por poseer una segunda propiedad, lo que complica el otorgamiento de nuevos subsidios bajo la normativa vigente.
En los terrenos colindantes de propiedad municipal y privada, donde también se han detectado riesgos, se identificaron 82 edificaciones habitacionales. Al respecto, el Serviu detalló que todas las familias han sido informadas adecuadamente sobre la situación de riesgo, y reitera su disposición a otorgar subsidios a quienes cumplan los requisitos y deseen salir del área afectada.
Finalmente, el organismo destacó que autoridades locales, entre ellas el alcalde, el Concejo Municipal y parlamentarios, han sido informados oportunamente sobre el proceso, los fundamentos técnicos y el catastro de las familias afectadas.
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