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Convención Constitucional

Responsabilidad fiscal en tiempos de debate constitucional

Parte de un consenso político instalado en el país desde la década de 1990, la responsabilidad en los gastos del Estado recién se convirtió en Ley en 2006, consagrando una costumbre de no gastar más de lo que se recauda. La nueva constitución, que plantea más derechos a financiar, eleva esta idea por primera vez a rango constitucional, aunque la propuesta ha generado debate.


 Por Sebastián Henríquez

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La responsabilidad fiscal es una idea con una historia atípica para Chile, pues no fue ley sino hasta tiempos relativamente recientes.

Y eso que forma parte de un conjunto de conceptos más amplio, que economistas y políticos desarrollaron en el país en la década de los 90, tras el retorno a la democracia, con la idea de hacer viable un crecimiento sostenido en el tiempo.

Ejemplos de esto son la autonomía del Banco Central, la idea de tipos de cambio flexibles y la negociación de tratados de libre comercio que allanaran el camino a nuestras exportaciones.

Todas estas ideas partieron como leyes. El Banco Central fue creado en 1925, aunque tuvo que esperar a 1990 para que una Ley consagrara su autonomía y precisara su rol como garante de una estabilidad macroeconómica.

Las leyes o normas que regulan el tipo de cambio vienen del siglo XIX, aunque la idea de flexibilidad es posterior, existe tras un decreto de 1999.

Los tratados comerciales, por su parte, solo se materializan una vez que el Congreso los ratifica, y les entrega rango de Ley.

La idea de responsabilidad fiscal es al revés.

En la década de los 90, se aplicó en todo programa económico, pero solamente porque existía un gran acuerdo político detrás.

Es decir, a pesar de que nada obligaba a ello, el Estado fue cauteloso con sus cuentas, llegando incluso a registrar años con superávit fiscal.

Hacia la segunda mitad de la década del 2000, este consenso se plasmó en una Ley, la 20.128, llamada Ley de Responsabilidad Fiscal.

Recién entonces hay una norma que reúne las costumbres, decretos y reglamentos relacionados con la presentación de presupuesto, los dineros para pensiones o empleos de emergencia, la capitalización de empresas estatales o el Banco Central.

Cuestiones importantes, que convenía aupar en un solo texto, pues los gastos en salud, educación o vivienda estaban creciendo.

Y cada derecho o garantía planteada por el Estado, implica gastos que financiar.

Como la propuesta de nueva constitución reconoce muchos más derechos sociales que la actualmente vigente, la idea de responsabilidad fiscal ha ocupado algunos nichos de discusión, sobre todo en medios especializados.

FINANCIAR DERECHOS Y DERECHOS QUE RENTAN

Para la politóloga y académica de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon, la propuesta de nueva constitución responde a un momento histórico del país.

“Hay una evolución, un cambio en los noventas, que ocurre en las democracias liberales, que amplían sus ideas de libertad y de dignidad”, afirma.

“Bill Clinton, por ejemplo, es de esta época y él plantea entonces que los derechos de la mujer son derechos humanos, o los derechos de otras minorías. Empieza a haber un cambio en esta igualdad ciega, clásica, que no considera diferencias, a una que sí lo hace”, añade.

“A esto responde la propuesta de nueva constitución, se basa en derechos humanos, pero especialmente en los de ahora, en lo que comienza a construirse a partir de los noventa”, explica.

Esta cualidad de la propuesta, en tanto plantea más derechos personales, sociales e incluso naturales, no ha estado exenta de polémica.

Ejemplo de ello es que, consultados en distintos medios los exministros de Hacienda desde el 1990, su posición no es unánime.

Los secretarios de Estado Eduardo Aninat y Manuel Marfán, nominados por Eduardo Frei, y Andrés Velasco, por Michelle Bachelet, se han pronunciado por el rechazo.

Nicolás Eyzaguirre y Alberto Arenas, exministros de Hacienda con Bachelet, se han manifestado públicamente por aprobar la nueva Carta Magna.

“Si uno plantea, o compromete reconocimiento, igualdad, garantías de derechos, entonces el Estado tiene que asumir la responsabilidad de que así sea”, dice Simon.

Esto es una importante presión para el gasto público.

“Pensemos por ejemplo, en el sistema nacional de salud, o en educación. Esta es una constitución que confía mucho más en el rol del Estado, en contraste con la de 1980”, sostiene Simon.

Pero, ¿sirve de algo sostener derechos con las finanzas públicas?

Según Simon, sí.

“Los derechos se pagan siempre. En los países nórdicos no se paga Isapre, por ejemplo, pero no es que sea gratis tampoco, se paga impuesto”, aclara.

“No es gratis, como se dice, porque cuando no es el Estado el que, a través de un impuesto, financia una garantía o un derecho, es el particular el que tiene que hacerlo. Lo que se busca, por lo tanto, cuando se financian temas como la salud o educación, es la autonomía de las personas para que puedan elegir”, explica

“Además, ya no se habla de gasto, sino de inversión social”, cuenta.

“En otros países esas cosas son fundamentales, un modelo de inversión social focaliza la inversión en los más pobres para generar un aporte al proceso de desarrollo futuro. Invertir en educación o viviendas, por ejemplo, significa que, a largo plazo, habrán aumentos en la productividad laboral”, afirma.

“El mejor ejemplo de esto es el tema de las vacunas con el Covid. Acá se invirtió dinero del Estado en una cosa gratuita para todos, pero eso redujo la carga en los hospitales y posibilitó un retorno a la actividad económica normal. Para mí, en eso consiste gobernar”, concluye.

UN PELDAÑO MÁS ARRIBA

En medio de este debate, la propuesta de constitución coloca por primera vez en la historia del país, a la responsabilidad fiscal en un rango constitucional.

Esto es, en la parte de más arriba de nuestro ordenamiento jurídico, más que la Ley aprobada en 2006.

Fabián Barría, abogado y ex asesor de varios convencionales, dice que la discusión sobre responsabilidad fiscal “fue una constante en todas las comisiones”.

“La discusión se dio de manera simultánea en varias comisiones, en sistema político, esa normativa incorpora ya elementos muy similares a lo de hoy, manifestaciones en el principio de responsabilidad fiscal. Cosas básicas como que no se puede imputar un gasto al erario público sin detallar el ingreso”, explica Barría.

“Quizás como señal, hay un tema, un giro, respecto de cambiar un estado subsidiario por uno de derechos, que necesita derechos sociales de prestación, entonces, es importante incorporar el principio de responsabilidad fiscal, para dar una visión de conjunto, de país, a cómo se van a hacer estos derechos”, finaliza el abogado.

LA VISIÓN DEL MARIO MARCEL, MINISTRO DE HACIENDA

El actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó cómo la propuesta constitucional aborda el tema en una presentación hecha en abril de este año, en el último tercio del trabajo de la Convención Constituyente.

“Ya se han aprobado algunos principios de responsabilidad fiscal y de transparencia, que son interesantes porque en realidad en la Constitución del 80 no existen estos principios”, consignó entonces Marcel.

El ministro comentó entonces especialmente, la norma que propuso el Consejo Fiscal Autónomo. “Apunta a que las finanzas públicas dé condiciones de conformidad a principios de sostenibilidad y responsabilidad”, dijo.

Esta propuesta terminó siendo el artículo 29 de la nueva Carta, donde se señala que “las finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles”.


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