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La Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta F.G.), liderada por su presidente Víctor Catán Dabike, formuló un urgente llamado a acelerar el desarrollo de la infraestructura hídrica y destrabar la burocracia estatal que frena al sector rural. El dirigente expuso que la falta de certezas en el acceso al agua destruye los esfuerzos económicos de los productores, afectando los ingresos, el empleo agrícola y la seguridad alimentaria nacional. Ante esto, propone un modelo de financiamiento compartido y avanzar en reformas adaptadas a las realidades locales de las diversas regiones del país.
En el centro del análisis de Fedefruta se encuentra el grave peligro de la inseguridad de riego para la sostenibilidad sectorial. Víctor Catán Dabike detalló que este fenómeno constituye el escenario más perjudicial para la actividad agrícola. Cuando un productor frutícola inicia la temporada, ejecuta elevadas inversiones iniciales destinadas a preparar el campo. Sin embargo, si durante el ciclo productivo se ve imposibilitado de regar de forma oportuna o adecuada, toda la inversión se pierde irremediablemente, comprometiendo los resultados del año. Este escenario destruye los ingresos y los puestos de trabajo que dependen del agro, repercutiendo de manera negativa en la seguridad alimentaria general.
El líder gremial ratificó que la Ley 18.450 de fomento al riego sigue vigente y que los recursos de la Ley de Presupuesto estarán disponibles. No obstante, Catán Dabike puntualizó la necesidad de mejorar los criterios de operación del instrumento, específicamente en la ponderación de los proyectos presentados, buscando la optimización real de los recursos hídricos. Asimismo, planteó la participación del Ministerio de Obras Públicas (MOP) mediante obras civiles de mediana magnitud, como embalses. Para ello, propone abrir la opción de que ciertas obras sean concesionadas, otorgando al sector privado la obligación de financiarlas a plazo bajo un financiamiento compartido con apoyo ministerial.
El presidente de Fedefruta diferenció las soluciones hídricas entre obras públicas y mejoras intraprediales que los productores realizan directamente, como riego tecnificado, instalación de pivotes e incorporación de equipos de medición técnica. El dirigente aclaró que las soluciones deben diseñarse a la medida exacta de cada zona. Como ejemplo, contrastó que la Región de Coquimbo cuenta con infraestructura de lujo, pero carece del recurso básico que es el agua, haciendo urgente generar condiciones mediante plantas de desalación, sistemas de recuperación o explotación de napas. En tanto, la Región del Biobío necesita obras civiles de canalización, impermeabilización de canales y la instalación de marcos de partición hídricos para otorgar correctamente los derechos constituidos.
La modernización de la infraestructura agrícola enfrenta una seria barrera en la gestión del MOP, problemática catalogada por el gremio como "permisología". Según Catán Dabike, el Estado mantiene unas 25.000 solicitudes pendientes de respuesta, incluyendo trámites críticos como cambios de puntos de captación, inscripciones de derechos y diversos papeleos indispensables para los regantes. La capacidad pública oscila entre 6.000 y 8.000 solicitudes anuales, pero en ese lapso ingresan cerca de 8.000 nuevas solicitudes, manteniendo un desfase estructural perpetuo.
Esta parálisis se agudiza por el reciente cambio de autoridades ministeriales. Tras la salida del ministro Raus, conocedor de la agricultura, la llegada del nuevo ministro Luis Degranch obliga a partir de fojas cero. El líder de Fedefruta manifestó que deberán armarse de paciencia para acudir ante el nuevo secretario de Estado a explicar conceptos básicos del agro, ya que para el MOP la agricultura no suele ser prioridad frente a puentes y caminos.
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