Fedefruta urge flexibilizar contratación extranjera ante déficit de mano de obra en el Agro

Con exportaciones que superan los US$ 10.000 millones, la fruticultura chilena enfrenta un cuello de botella laboral que el gremio atribuye a una legislación que —afirman— no se ajusta a la realidad productiva actual.

Víctor Catán Dabike, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), detalló las gestiones que el gremio está realizando para flexibilizar el mercado laboral. La autoridad gremial enfatizó la urgencia de actualizar un Código del Trabajo que data de 1985, época en la que el país tenía una realidad productiva muy distinta a la actual potencia exportadora. Catán Dabike subrayó la necesidad de facilitar la entrada de trabajadores extranjeros de manera regulada para labores transitorias, advirtiendo que, sin estas medidas, no solo pierden los agricultores, sino el país entero al poner en riesgo la recolección de frutas frescas.

UN MARCO LEGAL OBSOLETO FRENTE AL AUGE EXPORTADOR

La base del problema, según el dirigente gremial, radica en la obsolescencia de la legislación vigente frente al crecimiento explosivo del sector. Catán Dabike recuerda que el Código Laboral chileno data de 1985, y desde ese año a la fecha, "Chile ha cambiado por completo y la fruticultura más que ninguna otra actividad".

El país pasó de volúmenes de exportación incipientes a consolidar hoy en día envíos de frutas frescas por más de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, este éxito comercial trae consigo una demanda intensiva de capital humano que el mercado local ya no está cubriendo. "Para cosechar esas frutas frescas necesitamos mano de obra que tenga interés en trabajar en el sector agrícola", afirmó Catán Dabike, reconociendo que actualmente, pese a que el sector paga de manera competitiva en comparación a otras actividades económicas, para muchos chilenos "no es atractivo trabajar en el campo".

Esta falta de interés local ha sido suplida progresivamente por ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad boliviana, quienes sí ven en la temporada agrícola chilena una oportunidad laboral rentable.

LA PROPUESTA: ELIMINAR EL TOPE DEL 15% Y VISAR MERCOSUR

Para enfrentar esta realidad, Fedefruta ha trabajado en conjunto con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en la búsqueda de mecanismos que faciliten la contratación legal. Uno de los avances ha sido la contribución para que se pueda hacer uso de las visas Mercosur, permitiendo que ciudadanos bolivianos puedan trabajar de manera regular en el país.

No obstante, el gremio aspira a reformas más profundas dentro de la legislación laboral. El objetivo central es modificar el Código del Trabajo para que autorice, en este tipo de faenas específicas agrícolas, la liberación del margen máximo de contratación de extranjeros, que actualmente está fijado en un 15%. Catán Dabike argumenta que esta restricción no se condice con la realidad demográfica de la fuerza laboral en los campos y que dicha excepción ya está autorizada para otras actividades, y extenderla al agro sería un paso lógico para asegurar la productividad.

DISTINGUIR LA MIGRACIÓN TEMPORAL DE LA IRREGULAR

Uno de los puntos críticos abordados por el presidente de Fedefruta es la necesidad de clarificar el tipo de migración que el sector agrícola fomenta, separándola de la crisis migratoria y de seguridad que afecta al país. Catán fue enfático en señalar que existe un "problema de visión" y de "capacidad de entender la problemática" por parte de las autoridades y legisladores.

El dirigente explicó que la gente de la ciudad muchas veces no distingue que este tipo de trabajador "viene de manera temporal, no viene a quedarse en Chile". El ciclo es claro: ingresan para realizar la temporada de cosecha, que es un periodo acotado, y luego retornan a su país de origen, repitiendo el ciclo al año siguiente. Se estima que aproximadamente entre 250.000 y 300.000 ciudadanos extranjeros participan de esta dinámica transitoria.

Por ello, Catán Dabike hizo un llamado a no meter "en el mismo saco" toda la migración. Es fundamental diferenciar a quienes vienen a trabajar legalmente de la "migración ilegal que entra al país" y que, en una parte importante, ha generado afectaciones y daños ligados a la delincuencia. "Nosotros no queremos formalizar ni regularizar a fulano, sutano y mengano. Nosotros lo que queremos es que se den las posibilidades de que la fruta se pueda cosechar", sentenció.

EL COSTO PAÍS DE LA INACCIÓN POLÍTICA

El debate sobre la flexibilización laboral y la creación de un sistema ágil (o fast track) para la entrada de migrantes temporales lleva años sobre la mesa sin una resolución definitiva. Al ser consultado sobre las trabas burocráticas y la lentitud del proceso, Catán Dabike lamentó que el mundo político tienda a confundir la migración regulada y temporal con la migración irregular permanente.

La advertencia del gremio es clara respecto a las consecuencias económicas de mantener el statu quo. Si no se generan las condiciones legales para contar con la fuerza de trabajo necesaria en el momento oportuno, el impacto negativo trasciende a los productores. "No solamente pierden los agricultores, pierde Chile", concluyó Catán Dabike.