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El arancel del 10% que el gobierno de Donald Trump aplicará a todas sus importaciones de madera desde el 14 de octubre generó una nueva alerta entre las pymes madereras de la región del Biobío, que ya enfrentan problemas internos severos. En los últimos cinco años han cerrado 169 aserraderos en las regiones del Biobío y Ñuble, con pérdida de 3.500 empleos directos y 10.000 indirectos, según cifras de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).
La medida, según ha informado la Casa Blanca, podría aumentar a un 30% su gravamen en enero de 2026. Se calcula que afectará al 97,9% de las exportaciones chilenas de madera a ese país, equivalentes a US$1.063 millones anuales. Los sobrecostos calculados para esta primera etapa se estiman entre US$100 y US$110 millones.
"Esto se transforma casi en una tormenta perfecta para el sector", afirma Rodrigo O'Ryan, presidente de Corma.
Estados Unidos justifica la medida bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que permite aplicar tributos en nombre de la seguridad nacional al definir la madera como insumo crítico para la construcción. El país norteamericano es el segundo mayor destino de las exportaciones forestales chilenas, con un 18,4% de participación, superado únicamente por China con 40,5%.
La magnitud del impacto preocupa especialmente por el precedente que representa. Estados Unidos aplicó un arancel del 50% a Brasil, lo que podría generar efectos indirectos en los mercados donde Chile compite.
Desde el anuncio, el Gobierno de Chile ha mantenido un diálogo permanente con la Oficina del Representante Comercial y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) busca replicar lo alcanzado con los cátodos de cobre, que fueron exceptuados de los aranceles bajo la misma Sección 232 a fines de julio.
"Chile ha demostrado históricamente que es un socio comercial confiable. Las puertas no están cerradas", indica Rodrigo O'Ryan, quien argumenta que los envíos chilenos representan un volumen pequeño para Estados Unidos y son complementarios a su producción local, no competidores directos.
El presidente de Corma mantiene expectativas de que la gestión diplomática pueda rendir frutos antes de la entrada en vigor del arancel, aunque reconoce que el plazo es ajustado y la incertidumbre afecta las planificaciones empresariales del sector.
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), detalla el mecanismo de transmisión del sobrecosto a lo largo de la cadena productiva.
La preocupación de Acoforag se fundamenta en que 50 empresas contratistas ya han desaparecido por la crisis que arrastraba previamente el sector, antes incluso de la amenaza del arancel estadounidense. La combinación de factores internos y externos amenaza con acelerar el proceso de cierre de empresas pequeñas y medianas.
Michel Esquerré, presidente de Pymemad, advierte sobre posibles efectos indirectos derivados de la estrategia de otros países productores. "
Esta redistribución geográfica de los flujos comerciales podría generar presiones competitivas adicionales en mercados que actualmente son rentables para las exportaciones chilenas, lo que complica aún más el panorama para un sector ya debilitado.
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