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El estatus de país libre de esta plaga garantiza el acceso sin restricciones cuarentenarias a mercados internacionales, lo que protege la competitividad exportadora.
La vigilancia actual se realiza con 16.500 trampas distribuidas nacionalmente, cifra que aumentará a 29.000 próximamente. Cuando se detecta la presencia del ejemplar, se establece un perímetro regulado de 7,2 kilómetros, con más de 1.800 trampas adicionales, muestreos, encuestas domiciliarias y controles específicos.
Entre 2024 y 2025, el SAG erradicó 24 brotes, aunque persisten 40 focos activos concentrados en Arica, Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, principalmente. Las medidas incluyen la destrucción de la fruta hospedante, podas, la aplicación de insecticidas y la liberación de insectos estériles.
El aumento de las detecciones se vincula directamente con el ingreso clandestino de productos agrícolas. En 2025 se han decomisado más de 258.000 kilos en controles carreteros y en terminales, coordinados con Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas y municipios.
Según el director nacional del SAG, José Guajardo, este esfuerzo conjunto protege no solo la fruticultura, sino también la seguridad alimentaria y el empleo local, por lo que involucra a productores, autoridades y organismos internacionales.
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