Criticaron aprobación de veto presidencial a la Ley de Usurpaciones

El gerente de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, criticó la decisión del Senado de aprobar el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, considerando que la determinación demuestra el desconocimiento de las actividades en el campo y el efecto causado por las tomas de predios.

El dirigente hizo ver que los propietarios de los terrenos deben seguir pagando contribuciones, a pesar de no poder hacer uso de los predios que legalmente les pertenecen.

Luego de un extenso debate en Sala, el Senado aprobó la semana pasada, por mayoría, el veto presidencial presentado por el Ejecutivo al proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas e incorpora mecanismos eficientes de restitución. Ahora corresponde que las observaciones sean analizadas por la Cámara de Diputados.

Muñoz dijo que les sorprendió el veto presidencial, "particularmente respecto a la relativización del uso de violencia en las tomas. Las tomas que hemos tenido en el sur de Chile han tenido violencia. Lamentamos esto, porque no se conoce la realidad de las tomas en la zona sur".

Según el dirigente, "el Gobierno había anunciado el veto sobre la legítima defensa privilegiada, pero se incorporó la relativización de la violencia sobre lo que ocurre en estas tomas".

De acuerdo al representante de la ONG Campo Seguro, "se ejerció un veto sobre la pena de presidio en todas las usurpaciones, que es lo que se había aprobado en el Congreso, y también que un juez pudiera determinar cuál es el grado de violencia utilizado o si no existía violencia".

"Hemos querido hacer notar a parlamentarios de otras regiones que no conocen la realidad, es que los terrenos agropecuarios no son especulativos. La labor productiva se desarrolla todos los días de la semana y hay trabajadores que residen en estas zonas que son amenazados", agregó.

En ese marco, sostuvo que "las víctimas quedan muy golpeadas emocionalmente, porque son amenazadas tanto desde su integrad física como por el daño a sus pertenencias, que les ha costado trabajo".

Ejemplificó esta situación con un caso en la comuna de Máfil, Región de los Ríos, "donde dos predios que lograron desalojarse en su momento, dos años atrás, continúan siendo amenazados. Dichos terrenos hoy no están siendo utilizados productivamente. Se perdió una fuente de empleo y se llega al absurdo de que estos propietarios continúan pagando contribuciones por esos campos".

Como si fuera poco, añadió, incluso deben hacerse cargo del pago del consumo de la energía eléctrica generado por los ocupantes, "que ingresan intermitentemente, dado el vacío que existe en la ley".

Según Francisco Muñoz, es por ese tipo de usurpaciones han hecho llegar las réplicas al veto presidencial, "dado que aledaño a las usurpaciones se producen otros tipos de delitos muy violentos, que en pos de un mal uso de la vía indígena, argumenta una reivindicación".

"La ley hace que dependa de la voluntad de un propietario poder vender a la Conadi esos terrenos. No se debe transar en torno a la violencia para acceder a este tipo de beneficios", recalcó el gerente de la ONG. "Nosotros enviamos un oficio haciendo ver esta realidad productiva del sur de Chile a todos los parlamentarios de las regiones de Los Ríos, de Los Lagos y a los integrantes de las comisiones de Seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados", acotó.

La idea, según el dirigente, "es evidenciar lo que se vive en este tipo de tomas. Hoy tenemos en ambas regiones siete tomas vigentes que ingresan a los tribunales civiles para recuperar esos terrenos. Recién se podrán ver resultados desde el año tres en adelante".

De acuerdo a Francisco Muñoz finalizó, "el productor agrícola genera trabajo en el campo, pero este tipo de actitudes políticas dejan mucho que desear respecto a lo que ocurre con las víctimas".