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La Tribuna

Inician plan de fiscalización para evitar el robo de agua durante el verano

por Juvenal Rivera Sanhueza

El director regional de Aguas, Claudio Morales, puso acento en el rol de la comunidad: "Son nuestros ojos. Si ve que hay extracciones ilegales o se presume de aquello, están todos los canales disponibles a través de nuestra página web y el correo de la oficina de partes para hacer llegar la denuncia".

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El doble de fiscalizadores y el uso de herramientas tecnológicas, como los drones. De esta manera, el Ministerio de Obras Públicas pondrá en marcha un plan especial para monitorear ríos, lagos y lagunas durante este verano 2023 con el fin de evitar el robo de agua.

Es que son 12 años consecutivos de aguda escasez hídrica por la falta de lluvias que, unido a la creciente demanda del recurso para el consumo humano y las actividades agrícolas, se confabulan para que se realicen extracciones ilegales del vital recurso.

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, puso acento en que “para nuestro gobierno el cuidado del agua es una prioridad, es por ello que estamos llevando adelante el aumento de los equipos, esperando a mediados de este año duplicar la cantidad de fiscalizadores y fiscalizadoras a nivel nacional”.

Adicionalmente, añadió, “estamos poniendo a disposición la máxima tecnología en drones para identificar las modificaciones de cauces, tranques o tuberías. Con todo esto podremos aumentar las fiscalizaciones y llegar a lugares donde antes no podíamos fiscalizar”.

Al respecto, el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, reconoció que “desde que asumió el gobierno, uno de nuestros compromisos ha sido cuidar y fiscalizar el correcto uso del agua y la priorización del derecho al consumo humano. En ese contexto, en junio pasado, el ministro García anunció un aumento en el presupuesto para contar con más fiscalizadores y mejorar la tecnología que permita hacer el proceso de fiscalización más eficiente, y eso se está cumpliendo”.

El director regional de Aguas, Claudio Morales, profundizó más en el plan especial de fiscalización para la actual temporada de verano. En conversación con radio San Cristóbal, detalló que las nuevas atribuciones son consecuencia de los cambios en el Código de Aguas que le entregan más facultades a la DGA para fiscalizar y administrar el recurso hídrico, de la mano de más recursos para personal y tecnología.

De acuerdo al personero, la extracción ilegal de agua en la región del Biobío, “más que una situación que vaya en aumento, es algo que siempre ocurre. Nosotros fiscalizamos que quien haga uso del recurso, lo haga con sus derechos de agua debidamente solicitados y acreditados”.

En ese marco, puso acento en el rol de la sociedad civil para denunciar ese tipo de prácticas: “La comunidad son nuestros ojos. Si ve que hay extracciones ilegales o se presume de aquello, están todos los canales disponibles a través de nuestra página web y el correo de la oficina de partes para hacer llegar la denuncia”.

Morales especifico que “existe una ficha para que la comunidad pueda hacer su denuncia donde puede aportar datos como la ubicación, fotos referenciales y alguna descripción para hacer un primer filtro de admisibilidad que pueda verificar si existe alguna contravención al Código de Aguas. En base a eso, nosotros actuamos”.

Quienes sean sorprendidos infringiendo la norma, la multa mínima es de 10 Unidades Tributarias Mensuales (580 mil pesos) que se aplican de acuerdo a la gravedad de la falta, la cual se incrementa si son reincidentes.

“Tenemos que asumir desde ya que estamos en un contexto de crisis hídrica climática y que tenemos que tomar acciones en base a eso. Ante la escasez del recurso, puede haber personas que lo usen contraviniendo la legislación vigente. Además de avanzar en herramientas de gestión del recurso, también nos interesa avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios que nos ayudan a auto-regular a las distintas comunidades que conviven en torno a una fuerte de agua”, concluyó.

PERSONAL Y EQUIPOS

Entre las medidas destacan el aumento del presupuesto de la DGA en 9 mil millones de pesos, lo que se traduce en un crecimiento de un 19%. Por otra parte, la meta es durante 2023 duplicar el equipo de fiscalización, pasando de 70 personas en todo el país a 140.

Asimismo, se adquirieron ocho nuevos drones e instrumentos de última generación que permitirán, por ejemplo, realizar batimetría con un dron sin la necesidad de contar con un bote u otro instrumento flotante para medir el volumen de agua en infraestructuras hidráulicas (embalses), así como también en lagos.

Además, para monitorear la calidad de las aguas en lagos y lagunas, se dotará a cada una de las Direcciones Regionales de la DGA de sondas multiparámetros las que permiten contar con una radiografía inicial de la calidad de los cuerpos lacustres, ríos y, de ser necesario, iniciar procedimientos de fiscalización por afectación a la calidad de aguas.

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