Italia bloquea ChatGPT por no respetar Ley de Protección de Datos

El GPDP (Garante para la Protección de Datos Personales) de Italia ha prohibido con efecto inmediato el uso de ChatGPT. El regulador italiano, ordenó este mismo viernes el bloqueo de esta herramienta desarrollada por OpenAI, por infringir la ley de protección de datos de los consumidores.

¿Cuál fue el motivo?

En una declaración oficial, el organismo italiano señaló que el popular ChatGPT, el software de inteligencia artificial relacional más conocido capaz de simular y procesar conversaciones humanas, sufrió el pasado 20 de marzo una pérdida de datos (filtrado de datos) respecto a las conversaciones de los usuarios e información relativa al pago de los suscriptores del servicio de pago.

En la disposición, el Garante de Privacidad señaló la falta de información a los usuarios y a todas las partes interesadas cuyos datos son recopilados por OpenAI, pero sobre todo la ausencia de una base legal que justifique la recopilación y el almacenamiento masivo de datos personales, con el propósito de "entrenar" los algoritmos que subyacen al funcionamiento de la plataforma.

Tal y como demuestran las comprobaciones realizadas, la información facilitada por ChatGPT no siempre se corresponde con los datos reales, determinando así un tratamiento inexacto de los datos personales.

¿Cuánto durará el bloqueo

El garante italiano para la Protección de Datos Personales informó que el bloqueo se mantendrá hasta que ChatGPT no respete las leyes de privacidad de datos.

De esta manera, Italia lamenta “la ausencia de todo tipo de filtro” en la verificación de la edad de sus usuarios, a pesar de que el servicio esté dirigido a mayores de 13 años. De este modo, los niños están mucho más "expuestos a respuestas absolutamente no idóneas respecto a su nivel de desarrollo y conciencia”.

El uso de la inteligencia artificial cada vez es más frecuente y pujante y, por eso, la Unesco ha urgido a los países que apliquen “sin demora” el Marco Ético Mundial sobre esa tecnología, adoptado en 2021 de forma unánime por los 193 Estados miembros.