Una revisión a la forma en que se administran los recursos destinados a la atención primaria de salud solicitó Ingrid Zapata, directora del Cesfam de Tucapel, quien asegura haber detectado desde que asumió el cargo una serie de situaciones administrativas y financieras que, a su juicio, requieren ser revisadas.
La profesional, matrona de profesión y exasesora técnica del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Biobío, asumió la dirección del establecimiento el 4 de noviembre de 2025.
Desde entonces, señala haber comenzado a plantear cuestionamientos respecto de algunas decisiones administrativas y, principalmente, sobre la forma en que se distribuyen los recursos destinados al área de salud municipal.
RECURSOS DEL PER CÁPITA
Uno de los principales puntos planteados por la directora está relacionado con los recursos provenientes del per cápita de salud, fondos que reciben los municipios para financiar las prestaciones y necesidades de la atención primaria, considerando, entre otros factores, el número de personas inscritas en los establecimientos.
Zapata explicó que estos recursos ingresan al municipio y posteriormente son liberados para financiar las necesidades del área de salud. En el caso del Cesfam de Tucapel, estimó que el monto podría bordear los $120 millones mensuales, aunque recalcó que se trata de una estimación.
"Yo llegué en noviembre y estaba en agosto y siempre la palabra es ‘no hay plata, no hay plata, no hay plata’", afirmó.
A juicio de la directora, parte de los recursos que deberían estar disponibles para responder a las necesidades de la atención primaria estarían siendo utilizados para financiar otras obligaciones o iniciativas municipales.
Como ejemplo, mencionó programas de carácter social, entre ellos el funcionamiento de un geriátrico y actividades vinculadas a Junaeb, planteando que estas prestaciones deberían ser financiadas con recursos propios del municipio y no con fondos destinados a salud.
La directora sostiene que esta situación tendría efectos en el funcionamiento del Cesfam y sus postas, particularmente cuando se requiere incorporar nuevos profesionales para responder a la demanda asistencial.
"Cuando yo pido más profesionales, por población y por prestaciones, tengo que tener tal recurso, me lo niegan porque las platas están siendo invertidas a otras cosas", señaló.
Las afirmaciones corresponden a la interpretación planteada por la directora y no permiten, por sí solas, establecer que exista un uso ilegal o improcedente de los recursos. Para determinarlo sería necesario revisar la documentación presupuestaria, los convenios, decretos y demás antecedentes administrativos relacionados con la ejecución de estos fondos.
SOLICITUD DE ANTECEDENTES
Ante las dudas que plantea, Zapata aseguró que solicitó, mediante la Ley de Transparencia, antecedentes relacionados con la ejecución de los recursos destinados a salud, con el objetivo de comparar cómo fueron utilizados durante 2025 y el primer semestre de 2026.
La profesional reconoce que la administración financiera municipal no se encuentra directamente bajo su responsabilidad, por lo que considera necesario contar con documentación que permita determinar cuánto dinero ingresó al área de salud, cómo fue distribuido y en qué conceptos fue utilizado.
También manifestó que ha solicitado acceder a los convenios asociados a estos recursos, aunque aseguró que no habría recibido la totalidad de los antecedentes que requiere para realizar el análisis.
"Pedí por transparencia un informe de los recursos, cómo se gastaron el año pasado y este semestre, para hacer un comparativo", explicó.
En ese contexto, una de las interrogantes que busca despejar es cómo se financian determinadas prestaciones o programas que, según su interpretación, deberían ser solventados directamente por la administración municipal.
La revisión de estos antecedentes permitiría establecer si los recursos fueron utilizados de acuerdo con la normativa y con los fines para los cuales fueron asignados.
MUNICIPIO: "NO HAN SIDO INFORMADOS FORMALMENTE"
Consultada por Diario La Tribuna, la Municipalidad de Tucapel remitió un comunicado en el que señaló que las situaciones planteadas por la directora del Cesfam no habían sido previamente informadas de manera formal a la administración municipal ni a la autoridad superior correspondiente.
Desde el municipio señalaron que respetan el derecho de los funcionarios a formular denuncias, pero recalcaron que estas deben realizarse mediante los mecanismos establecidos por la legislación.
"La Municipalidad respeta el derecho de todo funcionario a formular denuncias; sin embargo, éstas deben canalizarse por las vías y ante las autoridades competentes que establece el ordenamiento jurídico", indicaron.
La administración comunal también sostuvo que las materias relacionadas con la gestión municipal deben ser planteadas "con responsabilidad, fundamento y respeto por los principios de jerarquía, coordinación y control administrativo", evitando establecer conclusiones públicas antes de que los antecedentes puedan ser revisados y verificados.
En esa línea, el municipio aseguró que revisará los antecedentes que sean formalmente presentados y que se reserva la posibilidad de ejercer las acciones que correspondan si eventualmente se establecen responsabilidades.
Asimismo, recordó que el ordenamiento jurídico establece el deber de los funcionarios de representar aquellos actos administrativos que consideren que deben ser observados, señalando que, a su juicio, aquello no habría ocurrido en este caso.
Por ahora, el punto central queda puesto en los antecedentes financieros y administrativos que permitan determinar cómo se han ejecutado los recursos destinados a la atención primaria en Tucapel y si estos han sido utilizados conforme a la normativa y a los fines establecidos.