Esta semana comenzaron a regir nuevas exigencias para la emisión de licencias médicas en Chile, luego de las modificaciones incorporadas a la Ley N°20.585 y fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). La normativa establece que solo podrán emitir estos documentos los médicos cirujanos, cirujano-dentistas y matronas que estén inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPI), administrado por la Superintendencia de Salud.
Los cambios incluyen además un requisito nuevo para los médicos que obtuvieron o revalidaron su título desde el 19 de abril de 2009: deben acreditar la aprobación del EUNACOM, el examen nacional de conocimientos médicos. Quienes no cumplan esa condición quedaron bloqueados automáticamente en los sistemas electrónicos de emisión Imed y Medipass. Para recuperar la habilitación, deberán regularizar su situación ante la Superintendencia de Salud.
La medida es el resultado de un proceso iniciado el año pasado para frenar el uso fraudulento de licencias médicas, que ha generado un gasto millonario para el sistema de seguridad social. Informes de la Contraloría General de la República y de la propia Suseso han detectado redes de profesionales que firmaban cientos de documentos sin evaluar al paciente, afectando tanto a Fonasa como a las Isapres.
El diputado por el Biobío Patricio Pinilla (DC), integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y abogado especialista en derecho laboral, relevó las nuevas exigencias para frenar el fraude en licencias médicas.
A juicio del parlamentario, la crítica pública se ha concentrado históricamente en trabajadores y funcionarios que no respetan los reposos, dejando fuera del análisis a quienes emiten los documentos sin respaldo clínico real.
En paralelo, el parlamentario expresó su respaldo a las medidas que apuntan a frenar el mal uso del beneficio. "Me parece bien todo lo que tiende a evitar ese fraude que se generaba con el mal uso de la licencia médica", sostuvo Pinilla. Según el diputado, la crítica pública se ha concentrado históricamente en trabajadores y funcionarios que no respetan los reposos o que presentan documentos sin justificación médica real. Sin embargo, señaló que el foco estaba incompleto. "Había una parte que estaba quedando afuera de este proceso, que eran aquellos profesionales de la salud de diversas índoles que emiten esta licencia médica. Eso estaba generando un negocio multimillonario, con muchos recursos del Estado también yéndose para otros lados, generando verdaderas mafias en este sentido", explicó.
Para Pinilla, acotar la emisión de licencias por parte de profesionales no habilitados o que operan fuera de los estándares clínicos es un paso necesario. "Que haya una regulación que tienda a acotar esto me parece justo y razonable, adecuado", afirmó respecto del uso irregular de licencias médicas que ha sido un tema recurrente en informes de la Contraloría General de la República y de la SUSESO. Los hallazgos apuntan a redes que operan con emisores que firman cientos de documentos sin evaluar al paciente, afectando tanto a Fonasa como a las Isapres y generando un gasto millonario para el Estado.
REGULACIÓN Y LEGISLACIÓN
Pese al respaldo de fondo, Pinilla expresó que es necesario mantener los límites: "Lo único que nosotros esperamos es que no se vayan a estar modificando vía decreto o circulares temas que tienen que ser materia de ley. Hemos dado cuenta que el gobierno a veces por apurar las soluciones entra en materia legislativa", sostuvo. Explicó que cuando se regulan materias que corresponden al Congreso por vía reglamentaria, se abren flancos legales que terminan perjudicando al propio Estado.
En otro orden, Pinilla fue enfático en que su posición no es de obstrucción, sino de perseguir el abuso en el sistema de licencias médicas es una demanda legítima de la ciudadanía y de los propios trabajadores que usan el beneficio de forma correcta.
El matiz, insistió, está en el mecanismo. "Pero con ese resguardo de que no se esté legislando por parte del gobierno, sino que simplemente se esté haciendo uso adecuado de atribuciones que tiene el Ejecutivo por sí".
QUÉ SE ESPERA AHORA
La nueva normativa de Superintendencia forma parte de una serie de ajustes que el gobierno ha impulsado para contener el gasto por licencias médicas, que en los últimos años ha mostrado un alza sostenida.
Desde el Congreso, parlamentarios de distintos sectores han anunciado que revisarán el alcance de las modificaciones para asegurar que no se vulneren derechos ni se excedan las facultades reglamentarias.
La discusión deja abierta la pregunta sobre cómo equilibrar el control del fraude con el acceso oportuno a un beneficio que, para miles de trabajadores, es clave en procesos de recuperación y protección de la salud.