La comunidad educativa del jardín infantil y sala cuna "Mi Gran Mundo", en el sector Paillihue de Los Ángeles, vive días de preocupación, cansancio e incertidumbre luego de sufrir un nuevo robo que elevó a cinco los hechos delictuales registrados durante este año y a doce los ocurridos en los últimos tres años.
El último episodio volvió a dejar al establecimiento con importantes pérdidas materiales y daños estructurales. Sin embargo, lo más importante sería el robo de los alimentos destinados a los niños del jardín.
El recinto, que depende administrativamente de la Municipalidad de Los Ángeles, atiende a 140 párvulos y cuenta con una dotación cercana a las 40 funcionarias, en las últimas semanas debido enfrentar reiteradamente las consecuencias de los robos y los trabajos de reparación posteriores.
La directora del establecimiento, Cecilia Luna, explicó que el impacto de estos hechos ha ido mucho más allá de las pérdidas económicas.
Sin embargo, el daño no se limita únicamente a lo sustraído. Cada ingreso de los delincuentes ha significado también destrozos en puertas, ventanas, protecciones y otras estructuras del establecimiento, generando nuevos costos y retrasando el normal funcionamiento del jardín.
LOS DAÑOS MATERIALES
En conversación con La Tribuna, el jefe del DAEM de Los Ángeles, Patricio García Jofré, manifestó que la situación ha ido escalando en gravedad y explicó que existe una diferencia importante entre los primeros delitos y los más recientes.
La autoridad agregó que esta evolución en la forma de operar de los delincuentes obliga a replantear las medidas de protección existentes.
"Independiente de las defensas que se estaban haciendo, estamos enfrentando otro tipo de situaciones que tenemos que abordar", sostuvo.
Según explicó García, entre las especies sustraídas figuran principalmente alimentos destinados a los menores, además de estufas, materiales de aseo y diversos equipos tecnológicos utilizados en el funcionamiento diario del recinto.
"Los robos han sido principalmente de alimentos, además de estufas, materiales de aseo y otros elementos tecnológicos", indicó.
MILLONARIAS PÉRDIDAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
La seguidilla de delitos ha obligado al municipio y al Departamento de educación, a destinar recursos para reparar los daños y reforzar la seguridad del jardín.
"Como departamento hemos reparado los daños ocasionados y se han instalado nuevas protecciones en puertas, ventanas y accesos", señaló el jefe del DAEM.
A ello se suma la próxima instalación de sistemas tecnológicos destinados a prevenir nuevos delitos.
"Estamos esperando que durante esta semana o la próxima se concrete la instalación de un sistema de televigilancia y alarmas", confirmó.
La inversión acumulada para enfrentar esta situación ya alcanza cifras millonarias.
"Estamos cerca de los nueve o diez millones de pesos entre reparaciones, nuevas protecciones y la contratación del sistema de televigilancia y alarmas", precisó García Jofré.
QUERELLA Y COORDINACIÓN CON POLICÍAS
Paralelamente, el municipio decidió llevar el caso ante la justicia y perseguir judicialmente a los responsables de los reiterados ataques al establecimiento.
"Presentamos una querella en tribunales para quienes resulten responsables tanto por los robos como por los daños y perjuicios ocasionados", informó la autoridad.
La acción judicial se suma a las denuncias realizadas oportunamente ante Carabineros y la Policía de Investigaciones, instituciones que mantienen diligencias para identificar a los autores de los hechos.
Desde el DAEM también señalaron que se han realizado gestiones con Carabineros, Seguridad Municipal y la administración comunal para reforzar la vigilancia en el sector durante las noches.
Asimismo, hizo un llamado a la propia comunidad a colaborar en el cuidado del establecimiento.
"También pedimos a los vecinos y a la comunidad del sector que ayuden a cuidar el jardín, porque son ellos mismos quienes finalmente se benefician de este servicio", añadió.
Cada robo implica volver a levantar puertas, ventanas y muros, reponer alimentos y equipamiento, y destinar recursos que podrían invertirse en mejorar espacios educativos y actividades para los menores.
Pero por sobre todo, significa interrumpir la rutina de decenas de familias que dependen del jardín infantil para la educación, el cuidado y la alimentación de sus hijos.
Por ahora, la comunidad educativa espera que la instalación de cámaras, alarmas y el refuerzo de las rondas preventivas permitan terminar con una seguidilla de delitos que ya se ha convertido en una dolorosa constante para el establecimiento del sector Paillihue.