En los últimos días trabajadores de la salud, a lo largo de todo el país, tomaron la decisión de manifestarse en contra de los masivos despidos originados con el término de la alerta sanitaria por Covid-19. Una situación que a nivel de la provincia de Biobío, de 423 funcionarios contratados durante la pandemia, tiene a 217 personas notificadas del cese de sus funciones en los próximos 60 días.
Esta situación no ha dejado indiferente a las distintas comunas, como es el caso de Mulchén, donde de "70 funcionarios contratados bajo modalidad honorarios Covid, (dos de ellos con fuero maternal) se notificó término de contrato para 34 personas de las cuales las primeras 14 personas (40 %) se terminará su contrato al 07 de octubre 2023 y 20 personas (60 %) para el 31 de octubre 2023".
Al respecto, el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, en conversación con La Tribuna, dijo "lamentar mucho esta medida por parte del Ministerio de Salud. Coincidimos con la dirección, por supuesto, del hospital y también con el Centro de los Gremios en que este personal es necesario para fortalecer la gestión que están desarrollando cada uno de los integrantes, sobre todo acá en la red asistencial de la Provincia del Biobío".
"Hemos estado en contacto directo con la dirección del hospital, estamos preocupados por esta situación y obviamente que vamos a hacer toda la gestión necesaria con las instancias respectivas para que esta medida se revierta", señaló el jefe comunal.
Añadió que "hemos coincidido en que este personal es necesario, pero, por sobre todo, ha demostrado que su presencia y su trabajo en cada uno de los organismos donde cumplen profesionalmente su función es necesaria y, por lo tanto, espero que el Gobierno revierta esta medida, que este personal quede trabajando y que se mantengan los recursos necesarios".
RECAPITULANDO
El pasado 07 de febrero de 2020 el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich anunció la implementación de la alerta sanitaria por Covid-19, una medida que permitió la incorporación de cerca de 32 mil profesionales no médicos y técnicos, contratados a honorarios, para hacer frente a la gran demanda hospitalaria que originó la pandemia de coronavirus en el territorio nacional.
Más de tres años después, el 31 de agosto de 2023, esta disposición llegó a su fin, colocando en riesgo el sustento laboral de más de seis mil trabajadores de la salud, quienes deberán ser desvinculados. Lo que en palabras de la actual ministra de Salud, Ximena Aguilera, significa que: "Esas condiciones nos permitirán decir que hay 9,7 funcionarios por cada mil habitantes. Ello es mejor al 2019, pre pandemia, cuando había 7,5 por cada mil habitantes".
Las palabras de Aguilera no fueron bien recibidas por los distintos gremios de trabajadores de la salud, quienes tomaron la decisión de realizar una paralización de funciones a contar del pasado martes 12 de septiembre. Una decisión que, en primera instancia, duraría solo dos días, sin embargo, la falta de acuerdo obligó a los gremios movilizados a extender el paro hasta este martes último.
Esta bullada paralización tuvo un considerable impacto en algunas comunas como Los Ángeles, donde los siete Centros de Salud Familiar (Cesfam) debieron suspender la toma de muestras médicas, ya que la movilización comprendió a trabajadores del laboratorio del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Asimismo, al interior del aludido recinto la farmacia clínica debió suspender parcialmente su modalidad de atención presencial a lo largo de toda la jornada del viernes 15 de septiembre.
A pesar del cese de la movilización, los trabajadores de la salud siguen en conversaciones para llegar a un acuerdo que deje a todos los involucrados conformes. En ese sentido, Karina Greene, presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros (Asenf) de Los Ángeles del Complejo Asistencial, aseguró a diario La Tribuna que se está a la espera de la realización de una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fijada para el próximo lunes 25 de septiembre, donde se espera que se incluya en el presupuesto 2024 la contratación de los honorarios covid.
De acuerdo con la secretaria de Fenpruss Biobío María José Inostroza, a nivel de la provincia de Biobío están notificados "217 funcionarias/os, de estos, 133 funcionarias/os corresponden al Complejo Asistencial, quienes quedarán sin un lugar de trabajo a contar del 01 de noviembre, contando en esta lista con auxiliares, técnicos, administrativos y profesionales, quienes vinieron a cubrir la brecha histórica que va en la línea del fortalecimiento de la salud pública".