Presidente de Corma planteó los tres "pilares fundamentales" para la ley de incendios

De acuerdo al último informe elaborado por las gerencias de Áreas Silvestres Protegidas y de Protección contra Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entre el 1 de julio de 2022 y el 10 de abril de 2023 se han incendiado 426.445 hectáreas en el país. Una tragedia que en la región del Biobío arrasó con cerca de 210 mil hectáreas, representando un 48% de la superficie siniestrada a nivel nacional.

En ese contexto, durante marzo de este año el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció que desde el Ejecutivo se está viendo de manera urgente la creación de una ‘ley de incendios’, norma que, en palabras del representante de la cartera, "debe tener incentivos para la agroforestería".

APOYO A LA NUEVA LEY

Esta semana Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), conversó con radio San Cristóbal para dejar en claro sus apreciaciones de este nuevo debate que se genera en torno a los incendios forestales en el territorio nacional.

"Vemos con muy buenos ojos el que el Gobierno haya tomado la iniciativa de ingresar con urgencia un proyecto de ley sobre incendios forestales (...) Este año hubo 10 mil personas entre voluntarios, bomberos, brigadistas de Conaf, cerca de 140 aeronaves y con todas esas capacidades, es el segundo incendio más terrible que hemos tenido en la historia de Chile, por lo tanto, esto es algo que no puede volver a repetirse", aseveró Ugarte.

En relación a la nueva legislación que se comenzará a discutir, el titular de Corma hizo hincapié en lo que denominó como "tres pilares esenciales". En las palabras de Ugarte, "el pilar central tiene que ver con la condición del bosque para que sea protegido considerando el combate nocturno. Lo que retrocedíamos de noche era muy difícil después volverlo a conquistar. Parte importante del daño se produjo por no tener las capacidades operativas, tanto terrestres como aéreas, de forma nocturna".

"Los otros pilares son igual de fundamentales", añadió. "En segundo lugar, hay que detener la ocurrencia. La mayoría de los incendios en la región del Biobío fueron intencionales. Por lo tanto hay que detener la intencionalidad y la negligencia inexcusable, esta última debería tener una sanción similar a la de un conductor que conduce en estado de ebriedad, ya que no hace falta que el conductor ebrio cometa una falta, con el solo hecho ya es un delito, lo mismo debiera ser para la negligencia".

En el tercer ‘pilar’, como lo denominó Ugarte, es la reconstrucción. "Necesitamos después de los incendios atender la emergencia social y ambiental. Hay un riesgo con las lluvias, cuando se pierde la cobertura vegetacional, de que las pendientes de los cerros generen aluviones. Por lo tanto esta ley tiene que hacerse cargo de la reconstrucción, la cual debe venir inmediatamente y de manera impostergable después de la tragedia de los incendios (...) Con esa integralidad podemos confiar en que el país tendrá una industria y una protección a la comunidad muy distinta que la que tuvimos este año", complementó.

MEDIDAS CONCRETAS

Entre una de las medidas que más destacó Ugarte, estuvo la de un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe preventivo: "No hay mejor incendio que el que no se produce. Y, por lo tanto, la tarea de la prevención es la primera y más esencial de todas. Se requiere contar con un nuevo instrumento en manos del Estado que represente un Estado de excepción preventivo".

"A todos nos resulta lógico que se decrete Estado de catástrofe después de un terremoto, porque no se puede anticipar, pero en este caso cuando estamos hablando de incendios forestales que se dan en un entorno inseguro de atentados incendiarios y con condiciones de clima que hacen que se propaguen a una velocidad increíble, hay que decretar Estado de excepción preventivo para que pueda haber capacidad de despliegue en el territorio que inhiban la acción de estos delincuentes", añadió el entrevistado.

Según el testimonio de Ugarte, cuando "se instaló el Estado de excepción en Chile, en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, los incendios cayeron a menos de la mitad en 24 horas, es decir, fue tremendamente efectiva. Entonces la pregunta es ¿Por qué esperar la catástrofe para decretar?".

PENAS ALTAS Y EFECTIVAS

Al ser consultado por las sanciones a delitos de esa naturaleza, el presidente de Corma declaró que "alguien arriesga 20 años de cárcel efectiva si es sorprendido en flagrancia iniciando un incendio. Ahora un incendio intencional justamente está planificado para dar tiempo de huida a estas bandas de delincuentes, por lo tanto, la investigación se hace más compleja. No obstante, todos los elementos tecnológicos que se cuentan hoy día, cámaras, drones, niveles de registro, permiten levantar una base probatoria importante".

En ese sentido, precisó que "ingresamos 731 denuncias y querellas sobre incendios intencionales. El Ministerio Público es el ente encargado de realizar la investigación, y ha realizado una innovación muy importante al nombrar un fiscal coordinador interregional, porque obviamente el fuego no distingue entre fronteras de una región y otra. Entonces confiamos mucho que con una dedicación preferente por parte de los fiscales a los incendios forestales vamos a ver un antes y un después en materia judicial, de que finalmente se logre dar con los responsables y ellos tengan la sanción que corresponde", concluyó Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).