Giacaman pide que restitución de $100 millones por viajes del Gore Biobío recaiga en quienes tomaron las decisiones

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, planteó que la restitución de los más de $100 millones observados por la Contraloría General de la República (CGR) por viajes realizados entre 2022 y 2024 debe recaer en quienes tomaron las decisiones cuestionadas, y no necesariamente en los funcionarios que debieron cumplir esas instrucciones.

El pronunciamiento se produjo luego de que la Contraloría Regional del Biobío diera a conocer el Informe Final de Investigación Especial N° 169 de 2026, que formuló reparos por $100.436.919 por irregularidades en comisiones de servicio nacionales e internacionales del Gobierno Regional (Gore).

Giacaman vinculó el resultado de la fiscalización con las medidas adoptadas por su administración para revisar el uso de los recursos públicos. "Este informe de la Contraloría que busca reintegrar 100 millones de pesos es algo que nosotros ya habíamos comentado, que se enmarca en todas las gestiones que hemos hecho para ordenar la casa, donde hemos logrado reintegrar en torno a los 11.000 millones de pesos", expresó.

Sobre las situaciones detectadas, el gobernador mencionó casos relacionados con el uso de vehículos financiados con recursos regionales. Según su relato, uno de ellos habría quedado a disposición de una autoridad, con conductores asignados de manera permanente.

"Nosotros hemos cuestionado esas ejecuciones, hemos además colaborado con las investigaciones de la Contraloría y lamentamos que varios de nuestros funcionarios hayan tenido que obedecer instrucciones que finalmente los enlodan y los hacen ser parte de estos procesos de investigación y juicios de cuenta", manifestó.

REPAROS POR VIAJES Y GASTOS

El informe de la Contraloría examinó desplazamientos dentro y fuera del país de autoridades, funcionarios y consejeros regionales entre 2022 y 2024. Entre los hallazgos figuran comisiones de servicio al extranjero autorizadas sin habilitación legal expresa ni las autorizaciones excepcionales exigidas por la normativa.

La fiscalización identificó, además, viajes cuyos antecedentes no permitieron justificar de manera suficiente su necesidad institucional, gastos asociados a actividades que no se concretaron y participación de funcionarios o terceros sin respaldo adecuado. En algunos casos, tampoco se acreditaron los resultados o beneficios obtenidos para el organismo público.

A los reparos por $100.436.919 se suman gastos por $98.627.794 que el Gore deberá respaldar documentalmente, mediante antecedentes que permitan acreditar los resultados, aportes o beneficios institucionales de los cometidos financiados con recursos públicos.

La revisión incluyó deficiencias en la compra de pasajes aéreos nacionales e internacionales, entre ellas adquisiciones sin la anticipación requerida, emisión tardía de órdenes de compra e incumplimientos de las bases de licitación.

También se observó el viaje de una funcionaria a Estados Unidos, respecto del cual no se acreditó suficientemente la relación entre el cometido y las funciones del cargo, ni un interés público debidamente justificado.

Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó adoptar medidas para gestionar la restitución de los recursos observados y, si corresponde, ejercer acciones administrativas y judiciales para recuperarlos.

DISTINGUIR RESPONSABILIDADES

Frente a este escenario, Giacaman planteó que se deben determinar las responsabilidades individuales antes de exigir la devolución de los fondos públicos.

"Vamos a trabajar intensamente para intentar separar el trigo de la paja y que se investigue y se exija la restitución de los recursos a quienes tomaron estas decisiones y no finalmente a quienes de alguna manera se les obligó a realizar estas labores", concluyó.

La determinación de las responsabilidades y la eventual restitución de los montos deberán ajustarse a los procedimientos correspondientes, en el marco de las observaciones formuladas por el organismo contralor.