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Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) detectó que la Municipalidad de Antofagasta entregó 402 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al momento de emitir los documentos, pese a la restricción legal aplicable a estos casos.
El Informe Final N° 419 de 2026, correspondiente al período entre enero de 2024 y diciembre de 2025, también identificó 198 licencias otorgadas a personas con condenas registradas dentro de los cinco años anteriores a la solicitud.
EXÁMENES APROBADOS EN MENOS DE UN MINUTO
La revisión detectó 70.661 exámenes médicos y sensométricos registrados con una duración inferior a un minuto, de los cuales 70.425 figuraban como aprobados. Además, 253 pruebas de visión y audición aparecían registradas con cero segundos de ejecución.
La Contraloría determinó que estos registros no permiten acreditar que las evaluaciones se hayan realizado durante un tiempo suficiente para verificar las condiciones físicas y sensoriales exigidas a los postulantes.
Esto pone en cuestión la capacidad del sistema para comprobar que quienes reciben una licencia cumplen las condiciones necesarias para conducir.
LICENCIAS PESE A PRUEBAS REPROBADAS
La auditoría estableció que tres personas recibieron licencias clase D pese a tener exámenes psicométricos reprobados.
También identificó 265 pruebas prácticas para obtener licencias clase B realizadas entre dos y 24 minutos, pese a que la normativa exige una duración mínima superior. De ellas, 204 se efectuaron en apenas 10 minutos.
FUNCIONARIOS EVALUARON A SUS FAMILIARES
La Contraloría detectó que al menos cuatro funcionarios municipales participaron en la evaluación o aprobación de exámenes de familiares directos, entre ellos una madre, un hermano, un sobrino y un cuñado, sin que se acreditara la debida abstención. Otro funcionario actuó como examinador en su propio proceso de obtención de licencia.
Además, 17.720 exámenes fueron realizados o supervisados por trabajadores que no acreditaron cumplir los requisitos exigidos para desempeñarse como examinadores.
Ante los antecedentes, la Contraloría instruirá un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que evalúen las acciones correspondientes.
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