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Pues bien, el Senado dio un paso para enfrentar estas molestias al aprobar por unanimidad y en general, un proyecto de ley que pretende poner límites al spam telefónico y a los mensajes publicitarios no consentidos.
La propuesta modifica la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores y establece que los proveedores deberán contar con el consentimiento previo, expreso y específico de las personas antes de contactarlas con fines publicitarios por teléfono o mensajería instantánea.
De no ser así, las infracciones podrían sancionarse con multas de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a más de $72 millones.
Sin embargo, el proyecto aún debe completar su tramitación legislativa, por lo que las nuevas exigencias no están vigentes.
Tras la votación, el Senado fijó hasta el viernes 6 de noviembre el plazo para presentar indicaciones, período en que los parlamentarios podrán proponer cambios al texto antes de que avance a las siguientes etapas legislativas.
La iniciativa contempla reglas para obtener el consentimiento de los consumidores y revocarlo, con el fin de establecer condiciones claras para las comunicaciones comerciales no solicitadas.
COBRANZAS Y PROTECCIÓN DE DATOS
Al respecto, el senador Ricardo Celis presentó el informe de la Comisión de Economía, instancia que recibió a distintos participantes durante el estudio de la propuesta.
Uno de los principales puntos de discusión fue determinar si las restricciones debían limitarse a la publicidad sin consentimiento o extenderse a las gestiones de cobranza extrajudicial vinculadas con contratos vigentes.
Celis planteó que, pese a la coincidencia sobre la preocupación ciudadana por las comunicaciones no solicitadas, hubo diferencias respecto del alcance que debía tener la regulación.
El análisis parlamentario incluyó interrogantes sobre la compatibilidad de la propuesta con la nueva normativa de protección de datos personales, particularmente en cuanto a las exigencias que se impondrían a los proveedores.
Durante el debate en Sala, las senadoras Ximena Órdenes y Paulina Núñez respaldaron la necesidad de regular estas comunicaciones.
Órdenes cuestionó que una empresa sin un acuerdo previo pueda disponer del tiempo de las personas y preguntó «¿con qué derecho cualquier empresa, con la que no tenemos ningún acuerdo previo, puede disponer de nuestro tiempo?».
Entre los problemas expuestos durante la discusión figuraron las llamadas en horarios inconvenientes y aquellas en que los consumidores contestan, pero nadie responde o la comunicación se corta.
«NO MOLESTAR» NO HA DADO ABASTO
Durante la discusión se reconoció la plataforma «No Molestar» del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que permite solicitar el cese de comunicaciones publicitarias de determinadas empresas.
No obstante, en el debate se advirtió que la herramienta no ha sido suficiente para responder a los reclamos por este tipo de contactos.
Por lo anterior, se pretende establecer obligaciones legales específicas para los proveedores y pedir autorización expresa antes de efectuar comunicaciones publicitarias por los canales contemplados en el proyecto.
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