El proyecto que modifica la Ley N° 21.040 para flexibilizar la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) llegará a la Sala del Senado con informe negativo de la Comisión de Hacienda, luego de que sus integrantes no alcanzaran acuerdo sobre las normas de su competencia. La propuesta ya había sido aprobada por la Comisión de Educación.
En Hacienda se registró un doble empate durante las votaciones, por lo que, conforme al reglamento del Senado, el texto fue remitido a la Sala con informe desfavorable. El debate concentró las dudas en las consecuencias financieras de postergar los traspasos, especialmente ante la eventual coexistencia de administraciones municipales y servicios locales.
¿QUÉ SIGNIFICA QUE QUEDEN 12 SLEP PENDIENTES?
La Nueva Educación Pública contempla reemplazar gradualmente la administración municipal de los colegios públicos por Servicios Locales de Educación Pública. Los SLEP son organismos que reciben la administración de escuelas, liceos y jardines públicos de un determinado grupo de comunas.
En la actualidad existen SLEP que ya están funcionando y administran establecimientos que anteriormente dependían de municipios. El proceso nacional todavía no concluye: quedan 12 Servicios Locales cuya entrada en funcionamiento debe completarse dentro de la segunda etapa de implementación. El proyecto permite modificar por una sola vez el calendario correspondiente a esos servicios y establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2030.
Esto significa que no se trata de crear 12 nuevos servicios desde cero. Son SLEP contemplados dentro del proceso de instalación de la Nueva Educación Pública que todavía deben entrar en funcionamiento y asumir la administración de los establecimientos municipales incluidos en sus respectivos territorios.
MUNICIPIOS PODRÍAN MANTENER SUS COLEGIOS
El texto contempla que el Ejecutivo pueda postergar hasta por un año el traspaso de establecimientos hacia SLEP que ya estén creados. La medida requerirá un decreto fundado suscrito por los ministerios de Educación y Hacienda y deberá dictarse hasta cuatro meses antes de la fecha fijada para el traspaso.
Respecto de los requisitos municipales, se mantienen las dos condiciones financieras, mientras que en materia de calidad pedagógica se exige acreditar solo uno de los criterios establecidos. Entre las alternativas se incorpora una asistencia promedio igual o superior al 90% durante los últimos tres años.
La propuesta incorpora un mecanismo de permanencia renovable. Los municipios autorizados podrán continuar administrando sus establecimientos por períodos anuales, siempre que acrediten resultados de aprendizaje superiores a los del SLEP de su territorio y mantengan al día sus obligaciones previsionales.
EL COSTO DE MANTENER DOS ESTRUCTURAS
En la Comisión de Hacienda, uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con los costos administrativos de los SLEP cuando parte de los establecimientos permanece bajo administración municipal.
Durante el análisis se planteó que determinados gastos de funcionamiento de los servicios locales se mantienen aunque su cantidad de establecimientos sea menor debido a las postergaciones. La discusión alcanzó los efectos de mantener estructuras municipales y SLEP de manera simultánea, considerando los recursos necesarios para que ambas administraciones continúen operativas.
Otro aspecto abordado fue el alcance del Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Desde el Ejecutivo se explicó que estos documentos cuantifican el efecto directo de las iniciativas sobre el Gobierno Central y no necesariamente las consecuencias financieras sobre entidades que se encuentran fuera de ese perímetro, como los municipios.
La Dipres sostuvo que la iniciativa no genera un mayor gasto permanente para el Gobierno Central, sino un desplazamiento temporal del flujo presupuestario. Durante el debate se planteó la necesidad de disponer de modelaciones para distintos escenarios de postergación.
En ese punto se contrastó el caso de las 15 comunas que han manifestado intención de aplazar el traspaso con las 81 que potencialmente podrían cumplir las condiciones para acceder al mecanismo.
La discusión incluyó dudas sobre una eventual sobredotación de personal, la disminución de matrícula y los costos comparativos por alumno entre la administración municipal y los SLEP. Algunos integrantes de la comisión plantearon que no existen certezas suficientes para determinar si retrasar los traspasos se traduciría en un ahorro efectivo.
Con el doble empate registrado en Hacienda, el proyecto quedó en condiciones de ser discutido por la Sala del Senado, donde se analizarán las modificaciones al calendario de instalación de los SLEP y las condiciones bajo las cuales determinados municipios podrían mantener temporalmente la administración de sus establecimientos.
