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El acto se realizó en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda y estuvo marcado por un llamado del Mandatario al Congreso a tramitar con rapidez la propuesta.
"Tenemos que avanzar en esta agenda", sostuvo Kast, quien pidió al Poder Legislativo discutir la reforma "con altura de miras" y poner la seguridad de los ciudadanos como prioridad.
Uno de los principales ejes de la propuesta es incorporar expresamente la seguridad pública en las bases de la institucionalidad, específicamente en el artículo 1° de la Constitución.
Kast explicó que actualmente la Carta Magna contempla la seguridad nacional en ese apartado, mientras que la seguridad pública aparece regulada en otras disposiciones.
La modificación busca establecer así una definición constitucional respecto del rol que corresponde al Estado en materia de seguridad pública.
La iniciativa también considera la creación de un Registro Nacional de Organizaciones Criminales y Terroristas, mecanismo que, según explicó el Presidente, permitiría establecer una diferenciación frente a quienes integran este tipo de estructuras.
Kast sostuvo que este registro será "fundamental" para que quienes ingresen a una organización criminal conozcan las consecuencias que implica pertenecer a ellas y que las sanciones sean acordes con esa condición.
El proyecto apunta, de esta manera, a fortalecer las herramientas institucionales para enfrentar estructuras criminales organizadas y sus integrantes.
Otro de los componentes centrales de la reforma es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.
De acuerdo con la explicación entregada por el Mandatario, este instrumento permitiría actuar de manera focalizada en sectores donde el crimen organizado desafíe abiertamente el control territorial.
La propuesta contempla que las policías mantengan el mando de las operaciones, con una eventual colaboración de las Fuerzas Armadas, según las circunstancias.
El proyecto incorpora además regímenes penitenciarios diferenciados para personas vinculadas a organizaciones criminales y terroristas.
El Presidente enfatizó que la medida no se limitaría a las restricciones de comunicación dentro de los recintos penitenciarios, sino que implicaría un régimen distinto para quienes sean sancionados bajo estas nuevas disposiciones.
"No es solamente la telecomunicación, es mucho más que eso", afirmó Kast, al remarcar que quienes sean condenados bajo estas condiciones enfrentarían un escenario penitenciario diferente.
La persecución patrimonial constituye otro de los pilares de la reforma. La iniciativa busca facilitar la incautación de bienes vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Kast planteó que la estrategia contra estas estructuras debe considerar no solo la privación de libertad de sus integrantes, sino también la afectación de sus recursos económicos.
Con ello, el Gobierno busca incorporar el componente económico como parte central de la respuesta estatal frente a las organizaciones criminales.
Durante su intervención, el Presidente también defendió los resultados que, según señaló, ha obtenido su administración en materia de seguridad.
Kast afirmó que desde el inicio de su Gobierno se ha registrado una disminución en los homicidios y secuestros, junto con un aumento en el decomiso de drogas y un mayor control de las fronteras. El Mandatario, sin embargo, sostuvo que la crisis de seguridad no puede atribuirse exclusivamente a una administración.
En esa línea, planteó que el desafío es mantener una política sostenida para recuperar el control y la seguridad de los territorios.
Al cierre de su intervención, Kast llamó a las distintas fuerzas políticas a respaldar la discusión de la iniciativa y pidió que el trámite legislativo avance con rapidez.
El Presidente invitó además a los parlamentarios a "poner a los chilenos por delante" y considerar la seguridad como una "urgencia total" para el país.
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