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La disminución de los hechos de violencia rural registrada durante el primer semestre de 2026 volvió a instalar el debate sobre el futuro del estado de excepción constitucional que rige en la Macrozona Sur.
Si bien el Congreso aprobó una nueva prórroga por 30 días para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, fueron las cifras presentadas por el Ejecutivo y la evaluación de los gremios del Biobío las que marcaron la discusión.
Durante la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, informó que entre el 1 de enero y el 28 de junio de este año los eventos de violencia rural disminuyeron 15% respecto del mismo período de 2025.
En comparación con 2021, antes de la implementación del estado de excepción, la reducción alcanza un 82%.
Los antecedentes también muestran una baja de 16% en los ataques incendiarios, 72% en los bienes incendiados, 71% en los cortes de ruta y 18% en las usurpaciones.
Sin embargo, el Gobierno advirtió que los hechos con presencia de armas de fuego aumentaron 16% respecto del año pasado, situación que fue uno de los argumentos para mantener la medida extraordinaria.
En ese contexto, la Cámara aprobó la prórroga por 104 votos a favor, 14 en contra y 12 abstenciones, decisión que posteriormente fue ratificada por el Senado con 34 votos favorables, dos en contra y una abstención, extendiendo el estado de excepción por otros 30 días.
"LOS DELITOS HAN BAJADO"
Desde el Biobío, uno de los gremios que ha seguido de cerca la evolución del conflicto es la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal (Fenasitransfor). Su presidente, Heriberto López, afirmó que los resultados son perceptibles para quienes trabajan diariamente en las rutas de la macrozona sur.
"No tenemos ninguna duda de que desde que se implementó el actual estado de excepción los delitos de violencia rural contra vehículos de carga, especialmente en el área forestal, han bajado", aseguró.
El dirigente recordó que la implementación de esta medida fue una demanda histórica del sector, impulsada incluso mediante movilizaciones de transportistas para visibilizar la situación que enfrentaban los conductores forestales.
No obstante, sostuvo que la reducción de los atentados no debe interpretarse como el cierre definitivo del conflicto.
"Lo que queremos sacar como conclusión es saber si esta baja responde a la presencia constante de las fuerzas militares y policiales o al trabajo que está realizando la justicia. Lo importante es que la violencia siga disminuyendo y que existan acuerdos", indicó.
López añadió que el conflicto tiene raíces históricas y que, por esa misma razón, requiere soluciones que trasciendan los períodos de gobierno.
"Lo que esperamos es que se busquen acuerdos, que exista diálogo y entendimiento. Eso ayudará mucho más a que esta violencia termine y permitirá que quienes trabajamos en la zona podamos hacerlo con seguridad", enfatizó.
"TENEMOS QUE AVANZAR HACIA OTRA ETAPA"
Una visión similar expresó el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag), René Muñoz, quien reconoció que las cifras muestran una reducción objetiva de la violencia, aunque llamó a interpretarlas considerando la realidad que aún existe en parte de la provincia de Arauco.
"Objetivamente hay una disminución de la violencia en las zonas declaradas con estado de excepción. Pero esa disminución también está marcada porque en sectores de la provincia simplemente no se trabaja y, por lo tanto, tampoco ocurren atentados", afirmó.
El representante gremial sostuvo que el estado de excepción ha sido útil para contener la violencia, pero advirtió que no puede convertirse en una política permanente.
"El estado de excepción es, por definición, una medida excepcional y no puede transformarse en normal. Tenemos que avanzar hacia otra etapa", señaló.
En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer el marco legal que regula la actuación de las Fuerzas Armadas, particularmente mediante las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), de manera que puedan asumir un rol más activo en sectores complejos y contribuir a recuperar territorios donde aún persisten grupos violentos.
DEBATE EN EL CONGRESO
Durante la discusión parlamentaria, legisladores de distintos sectores coincidieron en respaldar la continuidad del estado de excepción mientras continúen operando grupos armados en la macrozona sur.
Al mismo tiempo, llamaron al Ejecutivo a desarrollar una estrategia de largo plazo que permita avanzar hacia una normalización gradual de la zona sin depender de renovaciones mensuales.
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