La Contraloría General de la República (CGR) objetó formalmente un oficio reservado enviado a la Policía de Investigaciones (PDI) por la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, apenas dos días después de asumir su cargo. Mediante el Dictamen N° D344/2026, emitido el 1 de julio de 2026 por la contralora general Dorothy Pérez, el organismo concluyó que la exautoridad excedió sus atribuciones legales y faltó a su deber de abstención al exigir antecedentes específicos de funcionarios ligados a una investigación penal reservada y en curso.
Solicitud irregular y potencial conflicto de interés
De acuerdo con los antecedentes revelados por Meganoticias a partir del documento de la CGR, el cuestionado oficio reservado N° 28 fue emitido el 13 de marzo de 2026. En dicho requerimiento, la exsecretaria de Estado solicitó a la PDI un informe exhaustivo sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado que participaba en una causa liderada por una Fiscalía Regional.
El punto de conflicto para la Contraloría no radicó en la solicitud de información en sí misma, sino en el excesivo nivel de detalle exigido. La exautoridad pidió una nómina con nombres completos, cédulas de identidad, grados, cargos y eventuales antecedentes disciplinarios o penales de funcionarios trasladados o cesados en esa causa específica. El dictamen recordó que la potestad de requerir informes no puede utilizarse cuando afecte o pueda afectar una indagatoria penal en curso.
A esto se sumó un factor agravante: los funcionarios consultados pertenecían a una dependencia policial que apoyaba una investigación encabezada por la propia Steinert en su cargo público anterior. Por ello, el ente contralor determinó que la exministra debió aplicar el deber legal de abstención ante un evidente conflicto de interés de carácter potencial, concluyendo que su actuar no se ajustó a derecho.
Salida de prefecta general ajustada a la ley
La resolución del organismo también abordó otras dos materias denunciadas por parlamentarios. Una de ellas correspondía a la polémica salida de la entonces prefecta general de la PDI, Consuelo Peña San Miguel.
Sobre este requerimiento, la Contraloría desestimó irregularidades y dictaminó que el retiro absoluto de la oficial fue cursado legalmente el 10 de abril de 2026. La medida, dispuesta mediante el decreto supremo N° 53 del Ministerio de Seguridad Pública a contar del 20 de marzo, fue catalogada por la entidad fiscalizadora como ajustada a derecho.
Unidad Estratégica se mantiene vigente
Finalmente, el dictamen despejó las dudas respecto a la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública. La Contraloría advirtió inicialmente que cualquier eliminación de este departamento requeriría de una norma de rango legal.
Sin embargo, el requerimiento fue aclarado por la propia cartera de Seguridad, la cual informó que no se ha dictado ningún acto administrativo para desintegrarla. Por el contrario, la instancia se mantiene activa, bajo la dependencia directa del ministro titular, y simplemente experimentó un cambio de nombre: mediante el decreto exento N° 128 del 15 de junio de 2026, pasó a denominarse Unidad Ministerial Estratégica, descartando así cualquier vulneración a la normativa que creó el ministerio.