En el marco del plan de Inspección Total al Estado, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal encendió las alarmas tras su cuarta sesión. El organismo gubernamental detectó que más de $1,4 billones en transferencias realizadas a fundaciones entre los años 2022 y 2026 no cuentan con acreditación de rendición de gastos. El hallazgo, que incluye vínculos con el denominado "Caso Convenios", motivó al Ejecutivo a instruir de manera inmediata cuatro nuevas investigaciones específicas para determinar eventuales responsabilidades.
La lupa sobre los recursos no rendidos
De acuerdo con las cifras reveladas por el Ejecutivo, durante el período 2022-2026 se identificaron transferencias por más de $5,4 billones a fundaciones, recursos que por ley deben ser rendidos. Sin embargo, más de $1,4 billones de ese total no cuentan con la acreditación correspondiente. Los servicios públicos que presentan la mayor proporción de dineros sin rendir son:
El panorama se agrava al observar a las organizaciones de reciente creación. En el mismo lapso de tiempo, se constituyeron 177 nuevas fundaciones, las cuales recibieron más de $11 mil millones sujetos a rendición. De este monto, cerca del 60% (más de $6.500 millones) no han sido acreditados. Aún más crítico: 79 de estas nuevas fundaciones no tienen absolutamente ningún registro de rendición.
"Este dato es especialmente relevante y obliga actuar. El Estado debe verificar caso a caso qué pasó", enfatizó la subsecretaria de la Segpres y presidenta del Comité, Constanza Castillo. La autoridad confirmó además que se investigarán los hallazgos que tengan relación con el "Caso Convenios", poniendo especial foco en las transferencias a las entidades creadas recientemente y en aquellas sin rendición.
Nuevas investigaciones en cuatro ministerios
Para esclarecer el destino de los fondos y las prácticas administrativas, La Moneda ordenó investigaciones en las siguientes carteras:
Abuso del "Trato Directo": Compras por emergencia superan niveles de pandemia
Otra de las alertas rojas levantadas por el Comité corresponde al uso intensivo de la modalidad de trato directo (compras sin licitación pública). Servicios como el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos realizaron más de la mitad de sus adquisiciones bajo este formato.
El Gobierno detectó que las justificaciones para evitar la licitación pública, como "proveedor único" y "confianza y seguridad", se duplicaron respecto al período anterior. Sin embargo, el dato más preocupante es el uso de la causal de "emergencia": su utilización supera en un 17% a lo registrado durante los peores momentos de la pandemia de Covid-19, una cifra que el Comité calificó como una anomalía que "obliga a revisar los antecedentes y verificar el buen uso de los recursos".
Avances en investigaciones previas
Finalmente, el Gobierno entregó una actualización sobre los casos detectados en sesiones anteriores del Comité:
En el marco de la Inspección Total al Estado, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal finaliza su cuarta sesión de trabajo. https://t.co/79FhGjg4sZ
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 1, 2026