El fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de ley de Escuelas Protegidas generó reacciones contrapuestas en el Senado, luego de que el organismo declarara inconstitucionales cuatro disposiciones de la iniciativa, acogiendo parcialmente un requerimiento presentado por parlamentarios de oposición.
La resolución invalidó las normas que permitían a Carabineros revisar vestimentas y mochilas de estudiantes sin orden de un fiscal, prohibían el uso de prendas con apología a la violencia, establecían sanciones para quienes interrumpieran las clases y contemplaban la pérdida de la gratuidad universitaria para personas condenadas por hechos de violencia.
Quienes impulsaron el requerimiento ante el TC valoraron el dictamen al estimar que protege garantías constitucionales sin desconocer la necesidad de abordar la violencia en los establecimientos educacionales.
La senadora Yasna Provoste, integrante de la Comisión de Educación del Senado, sostuvo que desde el inicio advirtieron que, si bien enfrentar la violencia escolar era una necesidad legítima, algunas normas del proyecto excedían los límites constitucionales.
"Desde el inicio sostuvimos que enfrentar la violencia escolar era una necesidad legítima, pero que no podíamos transformar las escuelas en espacios de control policial ni establecer castigos que afectaran el derecho a la educación. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón en aspectos esenciales del proyecto, declarando inconstitucionales normas que permitían registros policiales a estudiantes, sanciones asociadas a la gratuidad y disposiciones ambiguas que podían afectar derechos fundamentales", afirmó.
La parlamentaria agregó que la seguridad escolar debe fortalecerse respetando la Constitución y poniendo en el centro el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, hizo un llamado al Ejecutivo a retomar el diálogo durante la tramitación de este tipo de iniciativas.
"Esperamos que el Gobierno no siga extraviado y que vuelva a recuperar la disposición a hacer las cosas bien, a dialogar y a escuchar, porque al menos nosotros desde la oposición queremos contribuir en los debates en forma seria y respetando la Constitución", expresó.
En la misma línea, la senadora Claudia Pascual recordó que durante la discusión legislativa ya habían advertido que algunas disposiciones podían ser incompatibles con la Carta Fundamental.
"Durante la tramitación, al menos acá en el Senado, advertimos de forma reiterada al Gobierno que, inclusive, teniendo la mejor buena intención, había artículos que eran reñidos con la Constitución. No nos equivocamos... queremos decir que seguiremos siempre alerta en estas materias", señaló.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DESTACA LOS EJES QUE SIGUEN VIGENTES
Desde una mirada distinta, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, valoró que el Tribunal Constitucional mantuviera vigentes los aspectos centrales del proyecto, los que —a su juicio— entregan nuevas herramientas a las comunidades escolares para enfrentar episodios de violencia.
"Hay que valorar el fallo en la medida de ver el vaso medio lleno, porque lo que entregaba este proyecto de ley eran herramientas a las comunidades escolares para hacer efectiva la revisión de mochilas y creo que eso es el eje fundamental del proyecto, lo que fue ratificado en el TC", indicó.
El senador agregó que el fallo también respalda la posibilidad de que los docentes ejerzan medidas disciplinarias dentro de los establecimientos.
"Nosotros tenemos que volver a empoderar a nuestros profesores, y este proyecto apuntaba precisamente en ese sentido. Creo que el que eso haya sido ratificado también por el Tribunal Constitucional es un tremendo avance", afirmó.
Respecto de las normas rechazadas, Sanhueza señaló que será necesario analizar en detalle los fundamentos contenidos en la sentencia definitiva para evaluar eventuales modificaciones legislativas.
"Aquí lo que ha ocurrido es que el Tribunal desechó algunas sanciones que existían, las modificaciones principalmente en el Código Penal o la sanción de la gratuidad, que tenemos que revisar en mayor profundidad, teniendo ya el fallo totalmente redactado para poder medir cuáles son, efectivamente, las razones y los fundamentos por el cual se rechazó, y ver en el futuro si podemos reponer ese tipo de medidas", concluyó.
