El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, presentó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja los objetivos del proyecto de ley que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, iniciativa anunciada en la Cuenta Pública presidencial.
La propuesta busca consolidar información sobre condenas y sanciones relacionadas con conductas que afecten la convivencia, el orden público y los bienes comunes.
Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es establecer consecuencias administrativas temporales para quienes integren este registro, incluyendo restricciones vinculadas al acceso a beneficios financiados con recursos públicos.
En la sesión también participaron el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y autoridades del debate parlamentario.
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
El registro será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y tendrá carácter parcialmente público, permitiendo solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia. Sin embargo, los antecedentes específicos de las causas y la información de menores de edad permanecerán reservados.
TIPOS DE CONDUCTAS Y SANCIONES
El proyecto distingue entre actos vandálicos e incivilidades:
Actos vandálicos: delitos contra la autoridad, bienes públicos, profesionales de la salud o educación, entre otros. Permanencia en el registro: hasta 5 años.
Incivilidades: faltas como consumo de alcohol en espacios públicos, botar escombros o consumo de drogas en la vía pública. Permanencia: 1 año.
En casos más graves —como incendios, uso de explosivos, tráfico de drogas o ataques a autoridades— se contempla un régimen agravado con mayores restricciones y tiempos de permanencia.
RESTRICCIONES CONTEMPLADAS
Las personas inscritas en el registro podrían enfrentar restricciones como:
* Acceso a subsidios habitacionales y de arriendo.
* Becas de educación superior y fondos concursables.
* Licencia de conducir y pasaporte.
* Beneficios tarifarios de transporte público.
* Ingreso a espectáculos masivos y recintos deportivos.
* Retención de devoluciones de impuestos por multas impagas.
En los casos más graves, también se limitaría el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y gratuidad en educación superior.
DEBATE EN EL CONGRESO
Durante la discusión parlamentaria, sectores de oposición cuestionaron la iniciativa, señalando posibles riesgos de exclusión social, problemas de proporcionalidad y dudas sobre su constitucionalidad. También se planteó la falta de evidencia sobre su efectividad y su impacto en la reinserción social.
En contraste, parlamentarios que respaldan el proyecto argumentaron que apunta a proteger los espacios públicos y reforzar el orden, señalando que quienes dañan bienes comunes no debieran acceder a beneficios estatales.
El subsecretario Pavez defendió la iniciativa afirmando que el gobierno busca "dar una señal concreta de que vuelva la cultura del orden", agregando que "la mano cambió y las incivilidades se tienen que acabar".
