UNICEF exige aclarar paradero de niños haitianos en Chile ante posible vulneración de derechos

La preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano en Chile escaló este jueves luego de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitiera una declaración pública exigiendo una rápida aclaración frente a una grave denuncia sobre el ingreso masivo de menores al país en los últimos años.

El organismo internacional manifestó su inquietud ante antecedentes que apuntan a una posible vulneración de derechos, solicitando respuestas inmediatas a las instituciones responsables del sistema migratorio chileno.

Desde Unicef advirtieron que la naturaleza de la denuncia reviste máxima gravedad, por lo que requiere una investigación profunda y diligente.

"Se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación", enfatizó el organismo.

La situación ha reabierto el debate sobre los mecanismos de control migratorio, la trazabilidad de menores extranjeros y la capacidad de respuesta institucional frente a casos de alta vulnerabilidad.

En ese contexto, Unicef recordó que Chile cuenta con un marco normativo específico para proteger a niños y adolescentes en contextos migratorios. Entre ellas, destacó la Ley 21.430, que creó el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, además de la Ley 21.325 sobre Migración y Extranjería.

Según el organismo, ambas normativas establecen obligaciones concretas para los distintos actores estatales involucrados en procesos migratorios, con foco en la protección de la infancia.

"Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes", indicó Unicef.

La principal preocupación, sin embargo, sigue centrada en el paradero de los menores y en la eventual existencia de redes o fallas institucionales que hayan permitido irregularidades en su ingreso o seguimiento.