Las personas involucradas en causas de violencia intrafamiliar podrían enfrentar mayores restricciones respecto al acceso y uso de armas de fuego si prospera un proyecto de ley que avanzó esta semana en el Congreso.
La propuesta fue aprobada por el Senado y pasó a su tercer trámite constitucional, incorporando una serie de medidas orientadas a reforzar la protección de las víctimas y disminuir los riesgos asociados a episodios de violencia al interior de los hogares.
Entre los cambios considerados se encuentra la obligación de los tribunales de prohibir la tenencia y el porte de armas cuando exista una condena por violencia intrafamiliar.
La medida también podrá aplicarse en casos donde existan procesos judiciales en curso o suspensiones condicionales del procedimiento.
El texto permite a los jueces acceder a los registros de la Dirección General de Movilización Nacional para verificar si las personas denunciadas cuentan con autorizaciones vigentes para poseer armamento, información que podrá ser considerada al momento de adoptar medidas de protección.
Otra de las disposiciones relevantes establece que, cuando existan antecedentes sobre armas no inscritas durante una denuncia, los antecedentes deberán ser remitidos al ministerio público para investigar una eventual infracción a la legislación sobre control de armas.
La iniciativa surgió en medio de las discusiones sobre prevención de la violencia intrafamiliar y busca fortalecer las herramientas legales disponibles para evitar situaciones de mayor gravedad.
Ahora será la Cámara de Diputadas y Diputados la encargada de revisar las modificaciones incorporadas por el Senado antes de definir los próximos pasos de su tramitación.
