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El sondeo además abordó el debate por el futuro de Punta Peuco y la postura de los chilenos frente a eventuales cambios en el recinto penitenciario.
La encuesta mostró que Quiroz no solo figura entre los ministros más conocidos del gabinete, sino que además concentra un amplio liderazgo en términos de influencia política al interior del Gobierno. Un 53% de los encuestados lo identificó como el secretario de Estado con mayor peso en las decisiones del Ejecutivo, marcando distancia respecto de otras figuras del gabinete.
Más atrás aparecen el ministro de Vivienda, Iván Poduje, con un 34% de las menciones; el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, con 26%; el ministro de Seguridad, Martín Arrau, con 20%; y el titular de la Segpres, José García Ruminot, con 11%.
En términos de conocimiento ciudadano, la encuesta ubicó entre los ministros más reconocidos a la titular del Deporte, Natalia Duco (87%); la ministra de Energía, Ximena Rincón (87%); la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao (84%); Jorge Quiroz en Hacienda (81%); e Iván Poduje en Vivienda (80%).
Respecto de la evaluación de desempeño, el "top cinco" quedó conformado por José García Ruminot, Daniel Mas y May Chomalí, todos con un 57% de aprobación. Les siguieron el canciller Francisco Pérez Mackenna, con 55%, y Claudio Alvarado, con 54%.
Los resultados evidencian que el área económica continúa siendo uno de los principales focos de atención ciudadana, especialmente en un contexto marcado por expectativas sobre crecimiento, seguridad y reformas estructurales impulsadas por la actual administración.
La encuesta también midió la opinión pública respecto al anuncio del Presidente Kast de revertir la decisión de transformar Punta Peuco en un penal común.
Ante la consulta sobre si el recinto debería volver a ser exclusivo para exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos, un 57% manifestó estar en desacuerdo con esa medida, mientras que un 30% dijo estar de acuerdo. El 13% restante no respondió.
En paralelo, la ciudadanía mostró posiciones divididas respecto del futuro del recinto penitenciario. Un 35% sostuvo que Punta Peuco debería mantenerse abierto, pero permitiendo también el ingreso de delincuentes comunes. Otro 32% se inclinó por cerrar el penal y trasladar a los militares condenados a cárceles comunes. Solo un 25% apoyó mantener el recinto exclusivo para uniformados condenados por delitos de derechos humanos.
La discusión también alcanzó el debate sobre beneficios carcelarios. Un 59% afirmó que los militares presos no deberían acceder a beneficios y que deben cumplir sus condenas sin importar edad o estado de salud. En contraste, un 34% consideró que sí deberían optar a medidas alternativas, como cumplir penas en sus domicilios.
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