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La Comisión de Educación del Senado inició el estudio del proyecto de ley denominado "Escuelas Protegidas", iniciativa del Ejecutivo que propone medidas de seguridad, orden y respeto al interior de los establecimientos educacionales en medio del debate por la violencia escolar registrada en distintos recintos del país.
Entre los puntos más discutidos figuraron la eventual revisión de mochilas, nuevas causales de expulsión de estudiantes involucrados en hechos graves y la falta de financiamiento para implementar las medidas contempladas.
Durante la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que la propuesta surge ante las dificultades que enfrentan docentes y equipos directivos para mantener el orden en las salas de clases, además de la carga administrativa derivada de denuncias internas.
La secretaria de Estado indicó que se han registrado en promedio 43 delitos por año en establecimientos educacionales, relacionados con hechos contra la vida, drogas y armas.
Respecto de la revisión de mochilas, precisó que la medida no sería obligatoria, sino una facultad para que cada colegio la incorpore en su reglamento interno según sus necesidades. Añadió que el procedimiento contemplaría que el estudiante abra sus pertenencias en una sala aparte y ante personal autorizado.
CUESTIONAMIENTOS POR FALTA DE RECURSOS
Uno de los principales reparos provino de parlamentarios que advirtieron la ausencia de financiamiento para reforzar equipos psicosociales, apoyo en salud mental y nuevos protocolos.
La senadora Yasna Provoste sostuvo que la iniciativa aborda la violencia escolar principalmente como un problema de seguridad pública cuando se trata de un fenómeno socioeducativo estructural.
En tanto, el senador Vlado Mirosevic afirmó que una ley de este tipo sin recursos difícilmente tendrá resultados profundos, además de manifestar preocupación por la ampliación de causales de expulsión en contextos de protestas pacíficas.
POSTURAS A FAVOR DE MEDIDAS INMEDIATAS
Otros integrantes de la comisión defendieron la necesidad de respuestas concretas ante hechos graves.
El senador Rojo Edwards planteó que la violencia no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia, mientras que el senador Cristián Vial aseguró que el proyecto entrega herramientas jurídicas claras para los sostenedores y mejora el ambiente escolar.
Por su parte, el presidente de la comisión, senador Gustavo Sanhueza, señaló que la norma no resolverá por sí sola el problema de convivencia, aunque valoró avanzar en mecanismos de apoyo y seguimiento.
LO APROBADO PREVIAMENTE POR LA CÁMARA
El texto, que ya fue visado por la Cámara de Diputadas y Diputados, permite que los sostenedores incorporen en sus reglamentos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales, excluyendo vestimentas y cualquier revisión corporal.
Además, establece sanciones para actos que provoquen interrupción total o parcial de clases y dispone que estudiantes condenados por delitos graves contra personas o la propiedad no puedan acceder a gratuidad en la educación superior por un período de cinco años.
La Comisión de Educación continuará recibiendo audiencias de distintos actores en las próximas semanas antes de continuar la votación de la iniciativa.
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