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El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante un seminario en Vitacura, donde abordó la situación fiscal del país y las medidas que se evalúan para enfrentarla.
Según explicó, el proceso se enfocará en deudores con ingresos brutos desde $1.500.000 mensuales, en un contexto donde más del 60% de los beneficiarios del CAE mantiene pagos pendientes.
"La morosidad ha aumentado ocho veces desde 2017", afirmó, advirtiendo además que existen 1.800 personas con sueldos superiores a $5 millones que no han regularizado su deuda.
El secretario de Estado defendió la medida, señalando que responde a la necesidad de fortalecer las finanzas públicas.
La decisión se enmarca en un paquete más amplio de acciones que el Ministerio de Hacienda evalúa implementar frente a lo que ha sido descrito como una situación económica compleja.
Asimismo, subrayó el enfoque del rol que le corresponde: "No es el rol del ministro de Hacienda ser simpático, ni hacer buenas migas con todo el mundo, ni menos ser popular".
El anuncio generó diversas reacciones en el ámbito económico. Desde el sector empresarial, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, valoró la medida como un intento de corregir el balance fiscal.
"Se transmite una sensación de urgencia en materia fiscal que es relevante", afirmó, destacando la necesidad de enfrentar la caída de ingresos del Estado.
Por su parte, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, planteó una mirada más estructural, vinculando el debate del CAE con la asignación de recursos en educación. "Tenemos mucho que hacer en capital humano (...) la educación temprana ha quedado sumergida porque el presupuesto se lo está llevando a toda la educación universitaria", advirtió.
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